El Consejo Económico y Social de Castilla y León emitió una resolución por la que manifiesta su voluntad de participar en el proceso de aplicación y ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dadas sus funciones estatutarias con la Junta y las Cortes de Castilla y León, y como institución propia formada por organizaciones sindicales, empresariales, agrarias, de la economía social y de consumidores y usuarios. También esgrime el grupo de enlace y la experiencia de quien lo forman. Propone, en este sentido, la creación de cauces permanentes de participación y colaboración interinstitucional, según la resolución a la que tuvo acceso Ical.
Señala que con independencia de cómo se haya articulado la participación de las comunidades Autónomas y de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de ámbito estatal en el proceso de elaboración inicial del, el CES considera que en las fases subsiguientes de desarrollo, aplicación y evaluación “debe tener lugar una mayor participación tanto territorial como social”. Por ello, afea que “no haya suficiente claridad sobre el sistema de gobernanza ni mecanismos adecuados para implicar a los interlocutores sociales y a la sociedad civil organizada en las fases de aplicación, seguimiento y ajuste del propio plan”.
En este contexto, el CES confió en que las reformas se encaminen tanto a mejorar la productividad de la economía como a reforzar los sectores agrario, industrial y energético y, en general, el tejido empresarial innovador, mediante el apoyo a las pymes y a las empresas de la economía social que, “debido a sus principios y valores, se erigen en una importante herramienta para la consecución de buena parte de los ODS”. “Deberían producir un cambio hacia un modelo económico que aumente la productividad y sea sostenible desde un punto de vista medioambiental y social. Han de promoverse iniciativas público-privadas que sirvan para aumentar el potencial de crecimiento y permita no solo una recuperación de la economía, sino también una transformación y reconversión haciéndola más competitiva y sostenible”, sentenció en la resolución.
En este sentido, el CES insiste en que las políticas sociales, incluidos los instrumentos de lucha contra la pobreza y la desigualdad, han de recibir el “peso presupuestario necesario”, pero también enumera la eliminación de la brecha generacional y digital; las inversiones en educación, formación continua y profesional de calidad, I+D+i, así como las inversiones que fortalezcan los sistemas sanitarios y de servicios sociales y las políticas de salud pública.
Todo ello, continúa, “sin perjuicio de la imprescindible implicación de las grandes empresas con presencia en Castilla y León”. En este punto destacó el papel que desempeñan las universidades, la investigación, la ciencia, la innovación y la formación profesional, especialmente vinculadas con el proceso de producción y de prestación de servicios públicos y privados. Asimismo, opina que deben establecerse mecanismos que “garanticen transiciones verdes y digitales justas”.
El CES reitera, en este sentido, su “preocupación” por el hecho de que los fondos asignados a la Comunidad de Castilla y León puedan ser “insuficientes”. El Gobierno de Castilla y León habrá de tener en cuenta, a su juicio, el impacto de la pandemia “a la hora de ejecutar los fondos de recuperación y resiliencia para, dentro del ámbito de disposición con el que cuente la Comunidad en la gestión y aplicación de los mismos, tener en cuenta las provincias que se encuentren menos cercanas a la media autonómica y española en términos de actividad económica y de empleo con vistas a la aprobación de una mayor asignación de recursos”.
Por último, el Consejo ve “imprescindible” realizar un seguimiento de la ejecución de los planes y medidas que se vayan proponiendo mediante un sistema único de información, seguimiento y evaluación continua que permita medir los resultados y mostrar los avances de forma periódica.