Aunque no es probable que según decía la ministra de Justicia, Pilar Llop, las conversaciones de los usuarios del Metro estén centradas en el proceloso asunto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, lo cierto es que urge que el PSOE y el PP alcancen un acuerdo para acabar con un bloqueo que dura ya cuatro años -desde diciembre de 2018- y que se ha llevado por delante la imagen de este órgano al que, con arreglo al mandato constitucional, corresponde el gobierno de los jueces. El deterioro de una de las instituciones del Estado es un hecho lamentable porque debilita la confianza en el sistema democrático.
Llegados a este punto cabría formular la pregunta que encabeza este artículo: ¿En qué nos afecta a los ciudadanos la falta de renovación del CGPJ? Pues nos afecta en la medida en la que la falta de renovación de algunos de los vocales cuyo mandato expiró hace tiempo y el cambio de la ley que impide al CGPJ efectuar nombramientos tiene hibernado a éste órgano al que la Constitución (Art. 122.2) encomienda funciones de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.
Y la anomalía no se detiene aquí puesto que también por mandato constitucional al CGPJ le corresponde el nombramiento de dos de los doce miembros del Tribunal Constitucional, encomienda que tal y como están las cosas no encuentra el clima idóneo para llevarse a término. Y es que lo uno va con lo otro. La importancia de la renovación del CGPJ corre paralela con la también necesaria renovación del TC, cuatro de cuyos magistrados agotaron su mandato el pasado 12 de junio y siguen a la espera de ser sustituidos.
Basta con echar un vistazo a los recursos pendientes de resolución que acumula el Tribunal Constitucional para comprender lo urgente de su renovación. Hablamos de Ley de Educación (conocida como Ley Celaá), las impugnaciones admitidas a trámite contra la Ley de plazos del Aborto, la Ley de Eutanasia o los recursos de amparo presentados por Oriol Junqueras y otros líderes del "procés" condenados en su día por sedición. Sin olvidar las impugnaciones contra la reforma impuesta por el Gobierno para limitar las funciones del propio CGPJ.
Por todas estas cuestiones y otras que remiten al debido decoro institucional es por lo que es importante, y nos afecta, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Urge aunque no se hable de ello en el Metro.