La Cámara de Contratistas de Castilla y León tira la toalla con el Ayuntamiento de Burgos y asume que hay concursos en los que la administración local extiende una alfombra roja para que algunas empresas partan con más posibilidades que otras de adjudicarse las obras municipales. Con más o, simplemente, con posibilidades. El penúltimo gran desencuentro entre las partes vino a cuenta del cambio de pavimento de la Plaza Mayor.
En lugar de pedir a las empresas concurrentes la clasificación (capacitación) de obras y viales, el pliego de condiciones exigía a las mercantiles que quisieran hacer la obra la clasificación K-7 con categoría 4. ¿Y eso qué es? Pues eso es una clasificación para hacer «restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos». Sí, para cambiar un pavimento se pide experiencia restaurando, por ejemplo, retablos.
La Cámara alegó y advirtió que eso cercena la libre competencia y limita a tres las empresas burgalesas que pueden optar a la obra, ya que dicha clasificación únicamente la tienen Javier Herrán, Rafael Vega y Construcciones Ortega en esta provincia. Si se pidiera la clasificación para poder ejecutar con garantías un cambio de pavimento, solo en Burgos habría hasta 24 empresas capacitadas para hacerlo. De esta manera se elimina de la puja a la mayoría de los potenciales interesados, pero también la posibilidad de lograr un ahorro sustancial a las arcas públicas.
Ahora tocaba sacar a licitación la obra de reforma de Las Llanas y ha llovido sobre mojado. Sobre encharcado, para ser justos. La Cámara de Contratistas se puso en contacto con el Ayuntamiento pero, según fuentes consultadas por este periódico, la respuesta que obtuvo es que «esa obra urge y que no iban a estimar ninguna alegación», así que los contratistas han decidido no perder más el tiempo.
La consecuencia ha sido que las únicas ofertas que se han presentado a la obra han sido una UTE formada porRafael Vega y Herrero Temiño (esta última empresa, también muy ‘exitosa’ haciéndose con contratos de Fomento, se une a otra que sí tiene la clasificación), Dragados (a la que expulsaron del proceso de la Plaza Mayor por baja temeraria), Proyecon Galicia (con domicilio en Orense) y Construcciones Ortega.
Una vez pasada la primera criba, la de la clasificación para restaurar edificios históricos, llega la segunda parte del proceso. La adjudicación se regirá por una fórmula utilizada sistemáticamente por Fomento en la que los criterios subjetivos de un técnico deciden la adjudicación de la obra. Todo el proceso, desde la elaboración de los pliegos técnicos hasta los informes, e incluso la contestación a las alegaciones contra las acciones propias, se llevan desde los mismos despachos del uno de Plaza Mayor, y allí es donde se volverá a decidir esta cuestión.
En el caso de Construcciones Ortega, su éxito no tiene parangón. No ha habido repavimentación que haya querido hacer y no haya hecho en los últimos 15 años, incluso cuando se ha topado con multitud de ofertas más baratas o iguales a la suya. Siempre han sido los criterios subjetivos los que han decidido en su favor.
Esto provocó multitud de quejas en el sector, una situación que el actual alcalde, Daniel de la Rosa, conoce -en algunos casos de primera mano- y que se repite ahora con él en la Alcaldía tal como se reprodujo sistemáticamente con los gobiernos ‘populares’. La Cámara de Contratistas ya ni se molesta en alegar porque todo sigue igual.