El último colectivo que, por el momento, se ha sumado a una propuesta de reforma de la Constitución es el de la España Vacía. Consideran que debe incluir en su artículo 138 el factor de despoblación en la realización efectiva del principio de solidaridad y en el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, equiparando sus circunstancias a la situación de insularidad.
Esta propuesta ha pasado inadvertida en el debate sobre las grandes reformas constitucionales que revive cada 6 de diciembre, cuando se constata la imposibilidad de acometer una revisión sensata de la Carta Magna. También es cierto que esta circunstancia podía considerarse incluida en el citado artículo 138 que encomienda al Estado velar por el equilibrio de los distintos territorios y acabar con los privilegios, aunque hasta el momento no haya sido prioridad en los gobiernos, dependientes casi siempre en su acción de partidos nacionalistas o independentistas.
Es precisamente esa sensación de falta de justicia distributiva, cuando no de abierto desamparo por parte de los partidos tradicionales, lo que alienta y aviva ese movimiento de la España rural o interior. Durante cuatro décadas, el voto en las Cortes Generales de formaciones con intereses territoriales concretos ha servido para beneficiar a algunas comunidades, mientras que otras esperaban la solidaridad con los restos del reparto. La imagen ha sido tan tentadora que pueden surgirle una miríada de imitadores, casi tantos como territorios.
A esta situación se llega también por un cierto abandono del territorio de las grandes formaciones políticas. La Constitución fortalece el poder de los partidos para canalizar y ordenar las aspiraciones políticas de un pueblo que apenas había tenido estructuras de participación pública. La gobernabilidad de un país impuso la prohibición del mandato imperativo y, en la práctica, el refuerzo de los líderes públicos y la disciplina de voto. Los efectos no deseados han sido su desarrollo como maquinarias electorales al servicio del líder, con escasa cintura para el disenso y solo con una atención puntual -en la cercanía de las elecciones- a los problemas del territorio.
El resultado no es, evidentemente, una crisis de representación ya que PSOE y PP gozan de una fortaleza incuestionable, pero sí puede causar problemas efectivos en la gobernabilidad del país si la multiplicación de fuerzas locales, provinciales o regionales hace imposible articular un proyecto común y compartido. Los grandes partidos deberían tomar nota de esta inquietud territorial y dejarla de considerar en términos de rivalidad electoral. Para hacer efectivo el principio de solidaridad no es precisa una reforma constitucional, únicamente se necesita voluntad política y entender que España es mucho más que sus grandes ciudades.