Sus detractores la tachan de medida populista y el Gobierno la defiende como «una apuesta muy querida», porque va dirigida a los más jóvenes y porque quiere ser un revulsivo tras la consecuencia de la covid. Lo único indiscutible es que 3.244 burgaleses que este año cumplen los 18 años esperan beneficiarse del bono cultural aprobado hace dos semanas por el Consejo de Ministros y dotado de 400 euros por cabeza.
Según el Instituto Nacional de Estadística, a 31 de diciembre de 2021 había en Burgos más de 3.200 personas con 17 años, que serán quienes se puedan beneficiar en este ejercicio al alcanzar la mayoría de edad. De ellos 1.662 son hombres y 1.583 mujeres. Si todos lo solicitan a partir del mes de junio, cuando se espera que entre en marcha, y a lo largo de los 12 meses siguientes, supondrá un desembolso para las arcas públicas de 1.297.000 euros distribuidos en una especie de tarjetas monedero.
Sus beneficiarios podrán emplearlas para pagar artes en vivo como conciertos, teatro y otras artes escénicas, patrimonio cultural, cine, museos, bibliotecas, exposiciones y festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales, hasta un máximo de 200 euros por gasto individual.
También en libros, revistas, prensa, u otras publicaciones, videojuegos, partituras musicales o discos, suscripciones y alquileres a plataformas musicales, de lectura o audiolectura, o audiovisuales, compra de audiolibros, adquisición de libros electrónicos, podcast, videojuegos en línea y suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas, todo ello hasta un máximo de 100 euros por beneficiario.
Lo que no entra. No será subvencionable la adquisición de productos de papelería, libros de texto académicos ni en formato impreso ni en digital, tampoco equipos, programas o consumibles de informática y electrónica, material artístico, instrumentos musicales, espectáculos deportivos, moda y gastronomía. Quedan fuera los productos que hayan sido calificados como pornográficos. E igualmente no se incluyen los espectáculos taurinos, una de las fuentes de polémica cuando la medida se anunció hace unos meses.
En toda España el número de potenciales beneficiarios ronda las 500.000 personas, con una partida presupuestaria que estará en torno a los 210 millones de euros si todos lo solicitan. La gestión del programa se realizará a través de una plataforma tecnológica a la que se podrán presentar las solicitudes, mientras que las empresas interesadas en participar tendrán que inscribirse como entidades adheridas a través de una convocatoria que aún no está publicada.