Les recomiendo que se lean el libro del Magistrado del Supremo Pablo Lucas Murillo titulado Comentario Mínimo a la Constitución. Cuando se redactó la Constitución Española no decía nada sobre la designación de los 12 miembros, sobre 20, del Consejo General del Poder Judicial que debían ser elegidos entre jueces y magistrados, pero nadie discutía que esa elección debía ser ajena al poder político. Es cierto que en aquel momento el perfil del poder judicial estaba muy próximo a las Cortes del anterior régimen. Y esto les impulsó a introducir alguna 'interpretación' que no era otra cosa que meter mano en la designación de los jueces para ir separando el grano de la paja. Fue el Partido Socialista quien, en 1985, quiso la parlamentarización total de la elección del CGPJ, violentando el espíritu, y para mí también la letra del artículo 122.3 de la Carta Magna. De ahí nace la reforma de la Ley conocida como enmienda Bandrés, para que fueran los políticos mediante el consenso de tres quintos de la cámara los que eligieran también a esos 12 miembros del CGPJ. Aquel cambio llegó al Tribunal Constitucional, que dictaminó en 1986, y con la nariz tapada, vía libre al despropósito, quizás confiando en que el futuro de nuestra joven democracia daría lugar a unos políticos cada vez más preparados y responsables, capaces de bregar por el interés general, generar consensos y reforzar la solvencia de nuestras instituciones. 

A la vista de lo acontecido uno se da cuenta que la clase política en España no solo no ha envejecido bien, sino que se ha radicalizado hasta el extremo de poner en peligro la independencia del Poder Judicial debido a un poder descarado por poner a los jueces a su servicio. El acuerdo nunca ha estado en la agenda de Sánchez puesto que él considera que ganar las elecciones le otorga un derecho de pernada en este asunto, ante el que la oposición se tiene que postrar, diga lo que diga la Constitución. 

Mi esperanza siempre ha sido que entre los miles de jueces que hay en España los dos principales partidos pudieran coincidir en al menos 12 nombres no contaminados. Ha sido imposible, entre otras cosas, por el interés del PSOE de colocar a activistas de Podemos como Joaquín Urías o Victoria Rosell. Piensen que, para un juez, la independencia es su deseo, y para el político, la dependencia, debe ser su destino.