La agresión sufrida por la titular del Juzgado de Santa María la Real de Nieva (Segovia), la magistrada María Sonsoles Sanchidrián, ha vuelto a poner de manifiesto la falta de medidas de seguridad en las dependencias judiciales del medio rural y la necesidad que desde el Ministerio de Justicia se adopten medidas para que hechos similares, fue apuñalada con un destornillador, no se vuelvan a repetir.
La primera en reaccionar ha sido la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Salas de los Infantes, Vanessa Molinero, que ha enviado un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) y al Ministerio de Justicia en el que pone de manifiesto las condiciones en las que realiza diariamente su trabajo en una sede judicial «en la que no hay arco detector de metales ni personal de seguridad», lo que constituye un grave riesgo para la integridad de la plantilla y profesionales que acuden a diario.
En concreto, la jueza salense expone que hay delincuentes habituales investigados en procedimientos penales que en los últimos meses han protagonizado incidentes y enfrentamientos dentro de los juzgados. Además, la magistrada relata que tanto ella como los funcionarios han recibido amenazas de denunciantes que presionan para que se dicten sentencias favorables y que hay personas que acceden sin cumplir con las medidas sanitarias obligatorias por la covid-19 o que entran al edificio únicamente para usar el aseo, un acceso sin control por parte de vigilantes privados o de funcionarios.
En una situación similar al de Salas se encuentran los juzgados de Lerma o Briviesca. Desde este último, en 2015 ya informaron de «la absoluta inexistencia de medidas de seguridad en el edifico: ni arco detector de metales, ni personal de seguridad» y a ese expediente se sumaron unos incidentes graves ocurridos en septiembre del año pasado, que consistieron en «amenazas mortales, insultos e intento de agresión», según el escrito presentado por la jueza titular y la secretaria de ese juzgado.
«Estamos desamparados». La situación no es nueva y por eso la magistrada de Salas manifiesta que «es en estos juzgados donde existe la mayor probabilidad de que puedan pasar cosas graves, porque estamos absolutamente desamparados» y expresa su deo de que, tras el grave incidente ocurrido en Segovia, «se adopten las medidas necesarias para protegernos a todos los que trabajamos en los órganos judiciales por igual, para que no tengamos que volver a lamentar hechos tan graves o más».