La carga de trabajo que soportan estos días en la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta no la habían tenido nunca. Ni por asomo, ni en los tiempos más crudos de la crisis económica. En menos de dos semanas han recibido en la delegación burgalesa y a través su sede electrónica -herramienta que la administración regional habilitó a los empresarios para evitar riesgos de contagio- más de 3.100 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).Lo nunca visto. Cada día son cientos los que llegan; solo durante el pasado fin de semana se multiplicaron, pasando de los 733 con los que cerraron la jornada del viernes a los 2.100 que registraron el lunes a las 14 horas. Ante tal avalancha son apenas 15 los funcionarios, más de la mitad de ellos teletrabajando desde sus domicilios, los que deben hacer frente a su tramitación, un proceso que se está dilatando en el tiempo con respecto a los plazos habituales.
El problema radica, además de la enorme carga de trabajo, imposible de asumir entre esa plantilla, en un sistema informático de gestión que está dando bastantes fallos, no solo en la sede de Burgos, sino en todas a nivel regional, ya que todos los empleados de la Junta encargados de este cometido utilizan la misma red en Castilla y León. De esta manera, apenas se han podido tramitar unos 500 ERTE, apenas una sexta parte del total. «Es muy lento y complejo, nos volvemos locos. A veces nos toca parar, apagar el ordenador y volver a encenderle para que funcione», lamenta Andrés Padilla, jefe de la Oficina Territorial de Trabajo. A su juicio, si contasen con un método de gestión más ágil, podrían triplicar la velocidad -con la misma plantilla- hasta tener ahora mismo 1.500 ERTE tramitados.
La labor que venía cumpliendo hasta la fecha, admite Padilla, era "correcta", pero está preparado para el desborde de trabajo de los últimos diez días. "No es un sistema puro de gestión, donde tú entres y puedas encontrar todos los documentos, es una nube que tienes que ir buscando casi uno por uno", indica. Él sí acude a la oficina a diario para prestar ayuda a sus compañeros que están desde sus casas y tener a mano, por ejemplo, la impresora o el escáner por si se vuelve imprescindible hacer uso de ellas.
La Inspección de Trabajo, además, está echando un cable en los más complejos o donde surgen dudas, mientras que la resolución es enviada a las empresas y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ente encargado de abonar las prestaciones de acuerdo a sus procedimientos. "Cuanto más movimiento tengan los expedientes menos tiempo nos queda para tramitarlos", admite Padilla, que rehusa de la idea de reforzar su área con más personal, ya que tardarían varios días en aprender los mecanismos y herramientas que emplean.
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