Castilla y León es líder en el cultivo del chopo. La populicultura es una de las fuentes de ingresos más comunes en nuestra Comunidad de las personas que se dedican al sector de la madera. Sin embargo, esta situación puede verse perjudicada tras la aprobación del Plan Hidrológico del Duero para el periodo 2022-2027, que impedirá con carácter general la plantación de estos árboles en terrenos de dominio público hidráulico cartográfico.
Una decisión que según la Plataforma en Defensa del Chopo +Chopo Sí - constituida por los afectados por esta medida- supondría unas pérdidas económicas cuantificadas en casi 23 millones de euros anuales en el tablero fabricado y valor de la madera para propietarios, empresas e industria asociada al chopo, así como la supresión de 1.200 empleos. Por su parte, desde la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD)responden que el borrador del plan es un «documento abierto», actualmente en consulta pública y al que pueden presentar alegaciones hasta el 22 de diciembre para «enriquecer la nueva planificación». Además, las mismas fuentes aseguran que este tema se está estudiando de manera coordinada con las confederaciones hidrográficas limítrofes.
Dos tercios de las choperas de toda España se concentran en Castilla y León y de ellas, el 94 por ciento de la superficie regional se extiende por la cuenca del Duero. «Desde hace dos años se vienen denegando las plantaciones de chopos, sobre todo en el Carrión», explica la portavoz de la plataforma, Olga González Raposo, que data en unas 600 hectáreas que ya no se han podido plantar de chopos los dos últimos años y la afectación en el futuro podría llegar a entre el diez y el 30 por ciento de la superficie total actual estimada en unas 42.000 hectáreas. Esta prohibición «tendrá gran transcendencia a nivel social, económico, paisajístico y medioambiental», afirma.
Desde la plataforma consideran que la decisión de la CHD «no está basada en sólidos informes técnicos, sino en una supuesta valoración a futuro de la prevención de posibles riadas y otras». Y añaden que dicho argumento «no se sostiene al ser las choperas un uso del territorio perfectamente adaptado a los episodios de inundación y con un impacto positivo de los mismos, tal y como reconoce el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en sus publicaciones». Además, recuerda la «posición opuesta de las confederaciones hidrográficas del Miño Sil y Ebro, que no adoptarán esta decisión tan drástica y negativa para el medio rural».
Con estos argumentos, la plataforma buscar unir a todos los afectados para ir en contra de «esta decisión arbitraria y poco meditada con sentido común», como apunta Olga González. A finales del mes de septiembre se reunirán con usuarios y asociaciones de Palencia, León y Zamora, las provincias más perjudicadas por esta «imposición unilateral de la CHD». «Queremos que recapaciten sobre las consecuencias desastrosas que para la economía y la sociedad de las zonas rurales supone una decisión que no se sostiene desde ningún punto de vista, ya que otras confederaciones fomentan estas plantaciones en dominio público hidráulico por sus beneficios ambientales».
Desde junio de 2013
Desde la CHD recuerdan que la limitación en la plantación de chopos ya venía recogida en la normativa del plan hidrológico desde su aprobación en junio de 2013, es decir, que «ya ha sido sometida a dos procesos de participación e información pública anteriores al que se lleva a cabo actualmente correspondiente a la segunda revisión del plan, sin que recibiera ninguna alegación».
Además, las mismas fuentes aseguran que son «conscientes» de la importancia que la populicultura tiene en la cuenca. Sin embargo, la experiencia del organismo avala que estas plantaciones en cauces «son muy vulnerables a las crecidas y no solo a las extraordinarias, dado que las ordinarias producen numerosas caídas de chopos que luego hay que retirar en costosas operaciones de limpieza de tapones», cuyo coste asume la propia Confederación y no los propietarios. De momento, desde la CHD recuerdan que el documento no está cerrado y que pueden alegar hasta el 22 de diciembre.