Los informes de los servicios sociales del Ayuntamiento de Burgos han logrado aplazar o paralizar a lo largo del último año y medio casi 70 desahucios en la capital burgalesa, la inmensa mayoría por impago del alquiler.

Desde que comenzó la pandemia, en marzo de 2020, se han emitido en concreto 69 dictámenes de vulnerabilidad en los que queda acreditado por parte de los trabajadores sociales esta condición especial,  que permite aplazar los lanzamientos durante un mes en el caso de que los propietarios sean particulares o tres meses si se trata de los llamados «grandes tenedores», como los bancos.

La concejala de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez, explica que a lo largo de todos estos meses los juzgados encargados de tramitar los desahucios han remitido un total de 119 solicitudes al Consistorio. De ellas 69 han recibido un informe acreditando la vulnerabilidad, lo que supone el 57% de los casos.

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