La Junta de Castilla y León anotó un superávit en sus cuentas en enero de 29 millones de euros, el 0,04 por ciento del PIB, cuando en el mismo mes de 2021 presentó, sin embargo, un déficit de 33 (0,06 por ciento). Los datos difundidos hoy por el Ministerio de Hacienda y Función Pública contrastan con la media de las autonomías, que cuentan con una necesidad de financiación (déficit) de 443 millones en el primer mes del año (el 0,03 por ciento del PIB), cuando doce meses antes precisó de 1.412 millones (0,12).

El departamento que dirige María Jesús Montero explica que este resultado nacional obedece a una disminución de los gastos del 0,4 por ciento, frente a los ingresos, que crecen a un 6,8 por ciento.

Entre los ingresos de la Comunidad, cabe mencionar los impuestos, 248 millones: 48 de ellos sobre la producción y las importaciones, que aumentan un 166 por ciento; 13 millones de impuestos sobre el capital, un 27,8 por ciento menos; además de aquellos sobre la renta y patrimonio, que crecen en un 8,1 por ciento, hasta los 187 millones.

Las transferencias entre administraciones públicas crecen un 5,1 por ciento, hasta los 432 millones. Por su parte, los ingresos obtenidos del resto de recursos se sitúan en 44 millones, un 15,8 por ciento más.

Entre los gastos, la remuneración de asalariados creció un 2,2 por ciento, hasta 373 millones, debido, entre otras razones, al incremento salarial del dos por ciento fijado para 2022. Los consumos intermedios disminuyen un 14,7 por ciento, hasta los 128 millones.

Las transferencias sociales en especie se elevan en un 14 por ciento, hasta 106 millones, debido al mayor gasto en conciertos sanitarios y educativos y al incremento del gasto en farmacia; mientras que los intereses bajaron un 15,4 por ciento, hasta los 11 millones.

En Castilla y León no se anotaron subvenciones en el capítulo de gastos, al contrario que en conjunto de las autonomías, que se elevaron un 46,1 por ciento (3.546 millones), por el incremento de las ayudas al transporte.

SEPE

Al igual que ya ocurrió en 2021, destacan los datos registrados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a nivel nacional, que ha obtenido un déficit de 73 millones, inferior en un 91,4 por ciento al del año anterior. Este comportamiento se debe, en gran medida, al descenso del conjunto de prestaciones por desempleo vinculadas a los ERTE y otras medidas COVID, que alcanzan los 58 millones, mientras que en 2021 el gasto se elevó en este periodo a los 841 millones.

El resto de las prestaciones de desempleo se reduce en un 0,8 por ciento respecto al año anterior. El número de beneficiarios de las prestaciones de desempleo a finales de enero se ha reducido un 21,5 por ciento. El Fogasa presenta, además, un superávit de tres millones, frente a los seis de déficit registrados en el mismo periodo de 2021.

Los Fondos de la Seguridad Social en enero de 2022 registran un déficit de 585 millones, lo que representa el 0,04 por ciento del PIB. Este comportamiento es consecuencia de una disminución de los ingresos del 3,7 por ciento (destaca el buen comportamiento de las cotizaciones con un crecimiento del 4,8 por ciento) frente al descenso registrado en los gastos de un 1,7 por ciento.

En enero de 2022, el déficit conjunto de la Administración central, los fondos de la Seguridad Social y las comunidades autónomas, excluida la ayuda financiera, se sitúa en 6.134 millones, equivalente al 0,47 por ciento del PIB. Si se incluye el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit se mantiene en el 0,47 por ciento del PIB.