El objetivo de la reforma laboral, aprobada por el Gobierno central, de reducir la temporalidad ha dejado en el limbo a un colectivo esencial en el avance de la sociedad. Más de 25.000 investigadores ven peligrar su vinculación con las universidades en el conjunto de España, sin que la UBU quede ajena a esta situación. Un total de 149 científicos, según los datos facilitados por la institución académica, tienen en este momento un contrato por obra y servicio vinculado a proyectos, que cuentan con financiación y límite temporal establecido. La desaparición de esta modalidad contractual pone en peligro su continuidad al no permitirse la prórroga del mismo, además de que las nuevas incorporaciones han quedado paralizadas al no contemplarse una figura de sustitución.
Desde que se conoció esta situación, la Conferencia de Rectores (CRUE) busca soluciones con el Gobierno, ya sea a través del Ministerio de Trabajo o el de Ciencia. El máximo responsable académico, Manuel Pérez Mateos, hace referencia a la posibilidad de que se apruebe una disposición transitoria que incluya esta excepcional o bien quede recogido en la nueva Ley de la Ciencia, que aprobará previsiblemente hoy el Consejo de Ministros, tras el anuncio que realizó el pasado viernes Pedro Sánchez bajo el objetivo de acabar con la precariedad de este sector.
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