El Real Decreto de 20 de abril de 2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones supuso un antes y después en la sanidad española. Por un lado, esta dejaba de ser universal después de que en 1986 y con Ernest Lluch como ministro se asegurara que todas las personas tendrían derecho a ser atendidas en los centros públicos fueran cuales fueran sus circunstancias. Por otro, introducía el copago de los medicamentos -que aún se mantiene- y su máxima novedad fue que los pensionistas empezaban a pagar el 10% de sus medicinas cuando hasta entonces habían estado exentos de tal desembolso. Aquella norma fue una más de todos los recortes que se aprobaron en medio de la profunda crisis económica en la que estaba sumergido el país después de la debacle que comenzó en 2008 y cuando aún no se veía ningún síntoma de recuperación.
Esto hizo que en entidades como Cáritas, además de ayuda para comida, pagos de suministros y de alquiler, comenzara a sufragar las medicinas de muchos de sus usuarios. Un año después del recorte había duplicado su gasto en este epígrafe. En 2014 era el propio presidente del Colegio de Farmacéuticos de Burgos, Jesús Aguilar, ahora máximo responsable del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, quien mostraba su preocupación por el incremento de personas que no podían pagarse sus tratamientos, que se había cifrado a esas alturas en un 16%, una realidad en la que había puesto el foco también la Comisión Sociosanitaria, que ya conocía muchos casos de personas que habían abandonado sus tratamientos por no poder costeárselos. A día de hoy y a pesar de algunos cambios, Cáritas de Burgos sigue abonando medicamentos a personas que no se los pueden permitir: en 2021 dedicó a este apartado 15.700 euros y hasta junio de este año, 6.500.
Una década después y con un escenario económico bastante diferente, la gran mayoría de la ciudadanía sigue teniendo que pagar un porcentaje por sus medicinas aunque se ha producido algún cambio que afecta a la gente que vive en una mayor precariedad económica. En la provincia de Burgos, según datos de la Consejería de Sanidad de la Junta, no deben pagar ni un euro por los fármacos que consumen 49.761 personas (a 30 de junio pasado), que conforman exactamente el 13,91% de la población. Los colectivos excluidos son, en la actualidad y desde 2020, aquellas personas con una renta anual inferior a 5.635 euros, quienes reciben una pensión no contributiva o una renta de inserción social, los afectados por el síndrome tóxico, las personas con discapacidad en varios supuestos que incluye la normativa, los preceptores de ayuda económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo en régimen de acogimiento familiar y menores con un grado de discapacidad igual o mayor al 33%. También acceden de forma gratuita a sus tratamientos quienes han agotado el subsidio por desempleo y los beneficiarios del ingreso mínimo vital.
Este último grupo fue el primero que dejó de abonar sus medicinas, una decisión que tomaron los dos partidos, PSOE y Unidas Podemos, que formaron gobierno en enero de 2020. Su propuesta sobre el copago fue en ese momento la eliminación progresiva y el establecimiento de garantías para que no pudieran introducirse otros nuevos que no atendieran «a la situación socioeconómica de las personas, incluidos los copagos por el transporte sanitario no urgente, por los productos ortoprotésicos y por los dietéticos». Después, la pandemia lo retrasaría todo. Fue en junio de ese año cuando el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció que quien recibiera el ingreso mínimo vital -que se había aprobado poco antes- estarían exentos del copago. En 2021 se presentaron en la provincia de Burgos 1.331 solicitudes del IMV.
El resto de los burgaleses sigue aportando dinero para las medicinas que consume en función de sus ingresos. Los que más pagan (ponen un 60%) son quienes tienen unos ingresos anuales iguales o superiores a 100.000 euros. En el caso de los pensionistas con pensión contributiva desembolsan el 10% hasta 8,23 euros al mes los que menos cobran y el 60% (hasta 61,75 euros mensuales) aquellos cuyos ingresos anuales son iguales o superiores a 100.000 euros.