Recién llegado al Ministerio de Justicia de la mano de Pilar Llop, es consciente de que toda reforma en la Administración de Justicia ha de ir encaminada a mejorar la atención al ciudadano.

¿Cree que con Núñez Feijóo al frente del PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial está más cerca?

Esperamos un cambio de actitud del PP. La renovación del Consejo es competencia del Congreso y el Senado y, por tanto, lo que tiene que hacer el PP es asumir que la renovación es cuestión de Estado, lo cual implica que debe darse una mayoría en la que se necesita el acuerdo del PP, que por el momento ha sido imposible. Espero que los problemas internos los dejen a un lado y el nuevo presidente, sea Feijóo o quien sea, asuma esa responsabilidad.

¿Está de acuerdo con el actual sistema de elección del Consejo?

Así se decidió cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta. Qué casualidad que cuando no gobiernas quieres cambiar la forma de elegirlo. Pero la forma es absolutamente correcta porque los jueces ya eligen a los jueces. La representación que va al Congreso y al Senado para ser electa ya está elegida por las asociaciones de jueces. Si no nos gusta esta situación habrá que cambiar la Ley pero primero reformemos el Consejo.

¿Está a favor de una ley de pandemias después de que el Constitucional tumbara los dos estados de alarma que aprobó el Gobierno tras la irrupción de la covid?

He oído hablar mucho de la ley de pandemias al PP, pero yo he estado en el Senado y no he visto que se haya tramitado ninguna proposición de Ley. Lo que he visto es que en un principio apoyaron los estados de alarma y, después, dejó de apoyarlos y se unió a Vox. Lo que se hizo se hizo en un momento que salvó muchísimas vidas. 

¿Cree que hay que abrir de nuevo el debate sobre la prisión permanente revisable después de que el Constitucional decretara que se ajusta a la Constitución?

No valoro las decisiones de los tribunales, menos las del Constitucional. Consideramos en su momento que la prisión permanente revisable no tenía que ser como la que aprobó el PP. Se aplica para determinados supuestos y es una legislación vigente. Por tanto, nada tenemos que decir.

¿Está funcionando entonces?

Está funcionando, no como nosotros quisiéramos, pero funciona. 

¿Cómo habría que reformarla?

Habría que darle una vuelta a cómo se dispone de la libertad de las personas y de sus derechos fundamentales. Es una ley que está ahí y  no entramos a discutir cuestiones que los tribunales han decidido.

¿Saben que buena parte de la ciudadanía la apoya?

Sí, sí.

¿Se va a reformar el delito de sedición? 

No está dentro del plan normativo. No hemos discutido sobre ello. Pero hay una cosa clara, los indultos a los líderes del 'procés' han abierto una etapa de diálogo en Cataluña, de bajada del suflé catalán. Y el Gobierno está en que la sociedad catalana recupere la normalidad en Cataluña. En una visita a los tribunales catalanes observé que nadie  nos habló del procés ni de los indultos. Y estuvimos con la consejera de Justicia, que es de Junts.  

¿Cuanto va a durar la tranquilidad, no hay riesgo de otro procés?

Creo que la sociedad catalana está en recuperar derechos, en recuperar la posición económica que tenía antes. Y no en una secesión ni en la búsqueda de una independencia, eso ya pasó, en el Gobierno del PP.

¿Cree que la Fiscalía ha cerrado en falso la investigación al Rey tras constatar irregularidades fiscales?

El Gobierno respeta la decisión de la Fiscalía y su autonomía. Estoy de acuerdo con el presidente del Gobierno en que un rey muy querido por la ciudadanía española, antes de ser emérito, debería dar alguna respuesta a los ciudadanos, debería explicarse. En todo caso, la inviolabilidad es una modificación constitucional, para lo cual hay que tener mayorías suficientes. Hablar de situaciones futuras no tiene sentido.

Los letrados de la Administración de Justicia están en huelga. Piden una mejor retribución. ¿Están acercando posturas?

La huelga ha sido secundada por un 29% de los letrados. Hay que recordar que en la próxima nómina  van a cobrar 195 euros más al mes, con efecto retroactivo de 2021, lo cual no está mal, porque el incremento salarial es de casi el 8%, seis puntos más que el resto de funcionarios del Estado.

Los abogados de oficio llevan años reclamando una actualización de los baremos, acorde a las Comunidades con las competencias transferidas. ¿Trabajan para un aumento?

Estamos trabajando en ello, para la igualdad de oportunidades de todos los letrados del turno de oficio del territorio del Ministerio y de las Comunidad con competencias. Los abogados tienen que ser pagados por el trabajo que realizan, yo he sido abogado del turno y cobraba cada 6 meses.

En el País Vasco cobraban más.

Sí, sí, pero una vez cada seis meses. Los ciudadanos tienen la costumbre desayunar, comer y cenar todos los días. En Burgos ya se han pagado los meses de enero y febrero, lo cual es un éxito. Pero apostamos por la igualdad de retribuciones en todo el país, lo veremos en esa Ley de Defensa.

Están preparando un anteproyecto de ley de eficiencia organizativa. ¿Afectará a la división por partidos judiciales que hay actualmente? 

Para que quede muy claro, el PSOE en el Gobierno y el Ministerio van a mantener exactamente los partidos judiciales existentes, se descarta cualquier pérdida de demarcaciones o partidos judiciales. La Ley de Eficiencia Organizativa va a plantear los tribunales de instancia, las oficinas municipales de Justicia, pero en absoluto implica pérdida de los partidos judiciales.

¿Cómo van a funcionar esas oficinas municipales judiciales?

En todos los ayuntamientos de todos los municipios de Castilla y León y de España va a haber una oficina judicial donde se podrán realizar todos los trámites judiciales sin ir a la capital. Es un avance en cuanto a la cercanía de la Justicia al ciudadano. 

¿En estas oficinas trabajará personal del Ministerio?

En los juzgados de paz, que desaparecerán, donde hay personal del Ministerio, sí. Y personal de la Comunidad o del Ayuntamiento en aquellos que dispongan.

En Burgos llevan años reclamando el cuarto juzgado de lo Social ¿Será posible en el corto plazo?

Ahora mismo estamos informando de la necesidad, que yo creo que la hay, de dotar de un equipo psicosocial al nuevo juzgado de Familia de Burgos, algo que es fundamental para Burgos. Y estamos trabajando en la ampliación de otros juzgados en Burgos y en la Comunidad. Con la pandemia han aumentado los procesos sociales y valoraremos cuál es la necesidad de esos juzgados en Burgos. 

Ha visitado al alcalde para avanzar en la salida de la Gerencia de Justicia del edificio de servicios sociales municipales de San Juan. ¿Habrá solución?

El alcalde y yo estamos en plena sintonía en este asunto. Los servicios sociales en Burgos necesitan infraestructura para continuar su desarrollo y ampliación y buscaremos una ubicación para la Gerencia con una comisión de trabajo entre el Ministerio y el Ayuntamiento -con la implicación de la Subdelegación del Gobierno- en un edificio que albergue a la Gerencia para liberar todo el espacio en San Juan. El edificio puede ser municipal o de la Administración del Estado.