La Junta se niega a entregar el Marceliano Santa María

J.M.-C.M.
-

Se opone a desafectar el inmueble hasta decidir si mantiene su uso educativo. El Ayuntamiento de Burgos quería convertirlo en una dotación para jóvenes y mayores

La apertura de un nuevo centro educativo en Villímar provocó el cierre del Marceliano Santa María. - Foto: Patricia

La Dirección General de Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha comunicado al Ayuntamiento de Burgos que «deniega» su solicitud para que el edificio del antiguo colegio Marceliano Santa María, en el que se dejaron ya de impartir clases al finalizar el curso pasado, sea desafectado de su uso educativo. El Ejecutivo municipal había pedido que el inmueble revierta a la ciudad para transformarlo en un centro social para jóvenes y mayores, pero la Administración regional, que tampoco concreta en la resolución para que quiere exactamente el edificio, se opone a soltarlo «en tanto se concluye sobre la necesidad de disponer de dichos espacios en el marco de la planificación de los servicios educativos de esta provincia».

La resolución, emitida tras los «informes preceptivos» que se han elaborado por la Dirección Provincial de Educación de Burgos, no ha sentado nada bien en el Ayuntamiento capitalino, donde no se esperaban que la Junta se negara a la desafectación de este edificio ubicado en el entorno de la Barriada Inmaculada, en el barrio de Gamonal.

En el Ejecutivo municipal no ha gustado el fondo de la resolución pero tampoco la forma en la que desde la Junta se han relacionado con el Ayuntamiento ya que la ciudad ya realizó una primera solicitud el 28 de septiembre de 2022 y el 7 de noviembre recibió como respuesta una solicitud de «subsanación de la documentación». «En concreto», que se «aportase un certificado del acuerdo del Pleno» en el que la Corporación pedía de manera formal la desafectación del edificio.

Aunque en el Consistorio entendían que ese acuerdo no era necesario, quisieron dejar de lado las interpretaciones jurídicas y el 21 de diciembre, una vez aprobado por el Pleno, presentaron un nuevo escrito para reiterar la solicitud. En la resolución se llama la atención sobre el hecho de que en esta ocasión solo se hacía referencia al edificio en el que en su día se impartían clases de Primaria.

A la vista de los hechos, la realización del trámite de que se llevara el asunto al Pleno ha resultado inútil ya que el Ayuntamiento se ha encontrado con que se le deniega su solicitud.

Es cierto que desde la Junta ya expresaron en su día que estaban estudiando que este edificio mantuviera su uso educativo y de lo que se habló es de que cabría la posibilidad de llevar a este inmueble el centro de formación de profesores de Fuentes Blancas, los equipos de orientación al alumnado que están en la antigua Escuela de Arte o el aula alternativa, que se ubica en el antiguo colegio Cervantes (Capiscol). En este último solo se desafectó una parte que pasó a manos del Ayuntamiento para acoger actividades de mayores.

Sin embargo, en el número 1 de la Plaza Mayor no parece que se crean que la Junta tiene un interés real porque ese edificio vuelva a tener actividad en el corto plazo. «Me temo que lo único que quieren hacer es dar una larga cambiada y evitar que este Ayuntamiento» proporcione al barrio de Gamonal una nueva dotación social, afirmó el alcalde, Daniel de la Rosa, a finales del pasado mes de septiembre.
Entonces, el primer edil habló también de que el Ayuntamiento ya había dado un paso similar con el edificio de la antigua Escuela de Relaciones Laborales, en la zona sur. Eso sí, no es menos cierto que en relación a este inmueble no se han producido avances significativos.

En el Ejecutivo municipal ven la resolución de la Junta como un ejemplo más de la poca colaboración que están recibiendo en algunos asuntos por parte de la Administración regional ya que también se han encontrado con que se niegan a ceder a la ciudad una pequeña franja de terreno junto al Silo, lugar que el Ayuntamiento quiere acondicionar como aparcamiento.

Más allá de argumentar que se está valorando si ese edificio puede ser útil para la planificación educativa, la Junta también defiende que es «práctica habitual dejar transcurrir un periodo de un año antes de conceder la autorización previa a la desafectación de edificios».