Los usuarios de vehículos eléctricos tienen motivos para mostrar su malestar. Aunque ya asumieron desde hace meses que Burgos no llegaría a tiempo para cumplir con la nueva ley que entró en vigor con la llegada de 2023, la situación actual dista mucho de ser la deseada.

Un RealDecreto Ley promulgado por el Gobierno de España en el mes de diciembre de 2021 obligaba a todos los aparcamientos que no residenciales privados a disponer desde el pasado 1 de enero de un punto de recarga eléctrico por cada 40 plazas, pero la ciudad se mueve con retraso para seguir las directrices marcadas. «Lo ha incumplido todo el mundo», zanja Carlos Castiñeiras, delegado en Burgos de Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (Auve).

Esta medida, calificada de «urgente en el ámbito energético» por el Ejecutivo, tiene como objetivo «fomentar la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables». Sin embargo, el proceso será mucho más lento del establecido por ley. Aunque poco a poco las ciudades avanzan en ampliar el número de localizaciones electrificadas, los avances no son suficientes y la capital no es una excepción.

Ya en 2021 un informe elaborado por Anfac y Aconauto proyectaba que Burgos contara con 479 puntos de recarga a 31 de diciembre de 2023, cuando apenas supera los 200 en la suma de los aparcamientos públicos y privados. Los espacios de titularidad pública no cumplen con los mínimos establecidos y las proyecciones a corto plazo son insuficientes.

En el caso de las edificaciones propiedad de la Administración General del Estado, la obligación fijada en el Real Decreto (29/2021) es la de contar con un punto de recarga por cada 20 plazas cuando el parking disponga de 500 espacios reservados, quedando excluidos los edificios protegidos por su valor arquitectónico o histórico.

Hoteles, centros educativos o centros comerciales también deben ponerse al día lo antes posible. En este último caso, los servicios centrales de las grandes superficies con sede en Burgos consultadas por este periódico trabajan en «planes específicos» de índole nacional para adaptarse a la normativa. En este sentido, la gran demanda generada a la carrera en los últimos meses ha saturado a las empresas suministradoras y todas las partes implicadas asumen que se trata de una cuestión de tiempo. Eso sí, ya fuera de plazo.

El modelo de movilidad se encuentra en pleno proceso de cambio, pero la sociedad aún no ha interiorizado que «ya no se habla de futuro». «Esto es el presente, está aquí y ha venido para quedarse», defiende Castiñerias. «Todos los actores han incumplido la ley, empezando por la administración pública. Ya nos planteamos si es mejor hacer pedagogía o denunciar», subraya.

La nueva normativa plantea incentivos como algunos beneficios  fiscales que pueden llegar al 50% de la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o hasta el 90% de los impuestos relativos a la instalación de las zonas de recarga.La instalación de un punto de recarga tiene un coste entre 1.000 y 2.000 euros para un particular, en función de los metros de cable utilizados.

Y es que los garajes privados siguen la tendencia de los públicos. En muchos casos las iniciativas individuales sirven para avanzar, pero Castiñeiras lamenta que, «socialmente», los asuntos relacionados con los coches eléctricos son problemas que aún afectan a unos pocos. «Nos ven como snobs que nos hemos comprado un coche de lujo y que, además, queremos ayudas. En muchas comunidades dicen que estas actuaciones son cosas que 'ya se harán'», lamenta.

El plan Moves III es un programa que bonifica la adquisición de un coche eléctrico. Una opción interesante para el consumidor que también debe servir para desarrollar las infraestructuras necesarias.Sin embargo, la realidad tampoco es sencilla porque «te ahogan en papeles» en un proceso de solicitud «farragoso». 

«Cuando un vecino quiere hacer una instalación de recarga por su cuenta todo se le pone cuesta arriba», asegura Castiñeiras, abocado a esperar, junto al resto de usuarios de coches eléctricos, un acelerón de todas las partes implicadas para cumplir con la ley.