No es la primera vez que la Defensora Universitaria, órgano unipersonal de la UBU que ocupa la catedrática Julia Arcos, alerta de los plagios en su informe anual. Ya lo hizo hace dos años, deteniéndose principalmente en las evaluaciones online fruto de la excepcionalidad que trajo la pandemia en el ejercicio 2019-2020. Sin embargo, ahora vuelve a poner encima de la mesa un problema que -asegura- «preocupa» a la institución académica, ya que lejos de atajarse va en aumento de la mano de las nuevas aplicaciones que salen al mercado.
La solución no es fácil, sino más bien todo lo contrario, teniendo en cuenta que la Universidad de Burgos ya dispone de un programa antiplagio con buen funcionamiento pero que no detecta el 100% de los casos o que son difíciles de demostrar. Estos se dan no solo en los exámenes, sino también en los numerosos trabajos que los profesores encargan a los estudiantes fruto de la implantación de evaluación continua que trajo consigo el Plan Bolonia, además de que resulta más complicado de detectar en las evaluaciones del alumnado que cursa estudios superiores a distancia.La Defensora Universitaria hace un llamamiento a la responsabilidad ética de los alumnos, que durante su paso por la universidad se forman no solo a nivel profesional sino también personal. Más allá de esto hace referencia a las posibles soluciones y asegura tener constancia de que hay profesores que barajan la posibilidad de volver a procedimientos «más clásicos», como realizar los exámenes orales.
Arcos llama también la atención sobre la Ley de Convivencia Universitaria que acaba de entrar en vigor y que sustituye a una desfasada normativa de los años 50, añadiendo en el propio reglamento de la UBU que ya contempla la «suspensión sin derecho a examen». La nueva regulación sí que recoge estas malas prácticas en uno de sus epígrafes: «Se entenderá como fraude académico cualquier comportamiento premeditado tendente a falsear los resultados de un examen o trabajo, propio o ajeno, realizado como requisito para superar una asignatura o acreditar el rendimiento académico». Lo tipifica como una «falta muy grave», que conlleva desde la expulsión temporal de la universidad hasta la pérdida del derecho a participar en la convocatoria ordinaria en el semestre en que se comete dicha falta.
Son, precisamente, las quejas o consultas que llegan a la Defensora Universitaria por parte de los estudiantes la vía que permite la detección de algunos de los casos. Arcos pone como ejemplo el hecho de no estar de acuerdo con una calificación, transmitiendo esa disconformidad al profesor de la materia, quien argumenta la existencia de esa copia. El asunto llega hasta este servicio, que tras hablar con las partes implicadas lo confirma.
Arcos no solo plantea en su informe recomendaciones al alumnado, sino también al profesorado, al que recuerda la «importancia de cumplimentar de forma adecuada la guía docente». En este sentido, insta al colectivo a su actualización anual, a proporcionar toda la información necesaria para el desarrollo de la asignatura, «garantizando que los procedimientos de evaluación son idóneos para monitorizar el proceso de enseñanza-aprendizaje» y el respeto de los «derechos de dos convocatorias por curso».
Más actuaciones. En su análisis del curso pasado, este servicio contabilizó 121 actuaciones, la cifra más elevada desde el ejercicio 2012-2013, aunque tan solo fueron admitidas 114, ya que el resto pertenecían a personas sin vinculación a la UBU, eran anónimas o estaban relacionadas con cuestiones personales. La mayoría de las consultas o reclamaciones (79%) fueron realizadas por los estudiantes en los meses de febrero y junio, coincidiendo con el fin del periodo de exámenes. «Se trata de un incremento que no resulta significativo», señala la catedrática, quien asegura que, como suele ser habitual, la mayoría de las quejas tienen que ver con las evaluaciones.
«A veces es simplemente un desacuerdo y en otras se reclama un que una persona externa efectúa esa evaluación», subraya Arcos, que también se refiere a descontentos con las convocatorias extraordinarias, la falta de materiales, el tiempo que pasa entre la realización del examen y la publicación de la nota, o problemas a la hora de contactar con un docente para una tutoría.
La Defensora asegura que muchas de las quejas «no están fundadas», aunque para comprobarlo existe este órgano, al tiempo que se detiene en que aumentan en términos relativos las consultas del personas docente, de tal forma que representan un 1,8% de la plantilla frente al 1,1% de matriculados.