Todos los municipios que carecen de servicios financieros o que solo dispongan de un punto de acceso a estos, lo que en Burgos implica un parte importante de los 371 que se reparten por su geografía, tendrán garantizada la inclusión financiera total a través de diversas soluciones presenciales en el plazo de un año. Este es el compromiso recientemente adquirido por el sistema financiero nacional, plasmado en una hoja de ruta presentada al Gobierno de España (a la vicepresidenta Nadia Calviño) y que beneficiará a una población local de cerca de 50.000 habitantes, muchos de ellos de avanzada edad, sin acceso fácil al dinero en efectivo y con grandes dificultades para operar en la banca electrónica.
El acuerdo impulsado por la Asociación Española de la Banca (AEB), la CECA (representante de las antiguas cajas de ahorros) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNCC) garantiza la provisión adecuada de servicios financieros presenciales al 100% del territorio nacional y pone coto al desmantelamiento de la red comercial tras la crisis y el proceso de reestructuración iniciado en 2008.
En Burgos, según recoge el Informe sobre la Inclusión Financiera en España, trabajo de referencia para este acuerdo desarrollado por el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económica), se ha desmantelado el 56% de su red comercial, lo que supone el cierre de 305 oficinas en los últimos 14 años, más de las que hoy hay operativas: 237. En su interior hay disponibles para los clientes 302 cajeros automáticos, a los que se suman otros 20 desplazados, ubicados en puntos del entramado urbano.
A estos puntos de atención al público hay que sumar otras formas de acceso como son los agentes financieros (hay 17 activos en la provincia) y las oficinas de Correos (38) donde se puede retirar efectivo. Asimismo, aunque no lo recoge el informe, en la provincia ya operan las oficinas móviles, capaces de atender a un amplio territorio.
Sumando todo ello, en la provincia se contabilizan 614 puntos de acceso físico, según el estudio del Ivie, en torno 1,7 por cada 1.000 habitantes. La horquilla nacional oscila entre los 3,46 en la provincia de Teruel, los 1,4 del conjunto del país y el mínimo de 0,64 que se registra en Ceuta y Melilla.
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