La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Burgos hizo entrega hoy al Banco de Alimentos de la capital de 1.000 kilos de patatas, procedentes de la localidad burgalesa de Basconcillos del Tozo, que serán destinadas a aquellas familias que más lo necesiten. 

Se trata de una iniciativa social de UPA con el fin de ayudar a los más necesitados, especialmente en la situación actual por la pandemia de la covid-19. Tal y como señalan en un comunicado, por medio de esta iniciativa UPA repartirá cientos de kilos de un producto básico en la cesta de la compra como es la patata, cuyo consumo en España se cifra en  25 kilos por persona y año.

Desde la organización señalan que en esta ocasión se ha decidido colaborar con una institución humana como el Banco de Alimentos, "que tanto está haciendo, ayudando y trabajando por la sociedad de la provincia y región en momentos tan críticos como los actuales con un aumento de las demandas de asistencia por arte de muchos colectivos vulnerables". El objetivo de UPA es que esta "modesta cantidad" se reparta entre las personas que más lo necesiten, en lo que denominan como un "acto de solidaridad del campo con la ciudad".

Grave crisis de precios. Asimismo durante el acto de entrega, desde UPA aseguraron que esta acción es a la vez un "acto de reivindicación" en defensa del sector de la patata, que tal y como recuerdan está sufriendo actualmente una "gravísima crisis de precios".

"A día de hoy los pequeños y medianos agricultores, en este caso cultivadores de patata, siendo héroes por su encomiable labor como productores de primera calidad en momentos tan duros como los del actual año, sufren en primera persona altísimos costes de producción y ven imposible rentabilizar su trabajo en la explotación con precios, en algunos casos, tan bajos por sus producciones", afirman desde la organización agraria.

En este sentido, UPA califica como "ruina" los precios que están percibiendo los productores de patata de esta región, que en algunos casos son de  0,04 o 0,05 céntimos de euro por kilo, lo que indican que supone un "desastre económico absoluto para sus explotaciones".

Los precios actuales con contrato oscilan entre los 0,10 a 0,20 euros el kilo dependiendo de variedades, pero en los casos de venta sin contrato, que en Castilla y León el porcentaje podría oscilar entre el 40 y 50 por ciento, los precios se derrumban incluso hasta los 0,04 euros el kilo. Desde UPA consideran "incomprensible que se estén pagando estos precios y que se esté aprovechando la crisis de la COVID-19 por parte de operadores sin almacén, que compran y venden patatas desde el coche y con el móvil, para hundir miserablemente el mercado".

Por ello, denuncian que quienes así actúan incumplen "flagrantemente" la reciente Ley de Cadena Alimentaria, que estipula la prohibición de pagar precios por debajo de los costes de producción, "y por lo tanto se convierten en destructores del valor a lo largo de dicha cadena".

Ante esta situación, reclaman a la Junta de Castilla y León y a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, que investigue con todos los medios a su alcance lo que está ocurriendo en esta región, puesto que se está perjudicando muy gravemente a los productores y se está incumpliendo de forma evidente la Ley de Cadena Alimentaria. 

Por otro lado, lamentan que siga entrando patata francesa a pesar de estar hundido el mercado español, y por eso reclaman "máxima vigilancia" para que se cumplan todas las obligaciones en el etiquetado del producto y los consumidores "no sean víctimas de publicidades engañosas".

Por último, reclaman que se impulse la Interprofesional del sector, de reciente creación, para el sector productor regional, y  que se promocione el consumo de patata, el etiquetado en origen y los contratos tipo homologados.