La larga instrucción iniciada a instancias de la Fiscalía para esclarecer posibles responsabilidades por la contratación 'a dedo' del exgerente del matadero municipal en junio de 2016 va concluyendo y en su último auto, fechado hace pocos días, la juez del número 2 de Villarcayo pone el foco en el exalcalde villarcayés, Miguel de Lucio. De sus actuaciones afirma que «se desprenden suficientes indicios de responsabilidad criminal» y añade que «los hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa», por el que continúa la investigación contra el exdirigiente de Ciudadanos.
Mientras, acuerda el sobreseimiento y archivo de las actuaciones que se seguían como investigados contra todos los integrantes de la Junta de Gobierno Local de aquel momento, el ahora teniente alcalde, Jesús Argüelles; el alcalde, Adrián Serna; y el exedil José Casado. También queda fuera de la investigación judicial el exedil José Eugenio Alonso de Porres.
En el mismo auto reclama a la Fiscalía y a las partes que presenten sus escritos de acusación o defensa en su caso para la apertura del juicio oral o soliciten su sobreseimiento, si así lo consideran. El caso ha dejado un solo investigado, puesto que la juez afirma que «la junta de gobierno trató la posibilidad de contratar un gerente/comercial para la revitalización del matadero», que sufría pérdidas en aquellos momentos, pero «nunca se alcanzó el acuerdo para dicha contratación, no constando ningún acta en el Libro de Actas que recogiera dicho acuerdo, así como las condiciones de la contratación».
El único documento del expediente fue el contrato de trabajo que rubricó Miguel de Lucio, así como las sucesivas nóminas que también firmó el exregidor, pero según el auto judicial, «no hubo expediente de selección de personal para dicha contratación, ni tampoco se ofertó el puesto de gerente del matadero en la Oficina de Empleo de Villarcayo con la finalidad de preselección de una plaza para dicho cargo».
52.204 euros en seis meses. El contrato de trabajo le reportó a J.M.S. unos ingresos directos de 41.997 euros en los seis meses que estuvo en vigor, entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2016 y a ello se le sumaron gastos de alquiler de vivienda (3.836 euros) y de vehículo (2.921 euros), que elevaron el total del gasto municipal a 52.204 euros. A pesar de este esfuerzo económico, la juez afirma que la contratación de este profesional en busca de un aumento de ventas en el matadero municipal «no produjo ningún incremento en la facturación del matadero ni tampoco aumentaron los beneficios económicos del mismo», por lo que añade que «se produjo un prejuicio a las arcas municipales. Adrián Serna, el nuevo alcalde de Iniciativa Merindades (IM) surgido de la moción de censura que aprobaron PP e IM para sacar a Ciudadanos del equipo de gobierno municipal, firmó el despido en enero de 2017, nada más tomar posesión de su cargo.
En manos del exgerente del matadero también se puso una tarjeta de crédito con cargo a las cuentas municipales y en el auto también se pone de manifiesto que la «autorización para la utilización de la tarjeta con cargo al Ayuntamiento de Villarcayo se hizo sin ningún decreto de Alcaldía y sin ningún tipo de fiscalización» que sirviera para comprobar los gastos que efectuó en restaurantes, gasolineras o el metro de Bilbao.
Por todo el gasto económico, el escrito de la Fiscalía por el que ordenó iniciar la instrucción de este caso al Juzgado de Villarcayo en el verano de 2019 planteaba también un posible delito de malversación de caudales públicos. En su nuevo escrito de acusación, el fiscal, único acusador en este caso, en el que no se llegó a personar el Ayuntamiento, podría volver a retomar este nuevo delito.
Pasados ya tres años y medio desde que el entonces equipo de gobierno del PP e IM pusieran el caso en manos de la Fiscalía después de tratar de esclarecer lo sucedido en una Comisión de investigación, cuya última reunión se celebró en marzo de 2018, Serna considera que «la justicia deja de ser justa con esta lentitud». Lamenta que a este ritmo la sentencia, de llegar a juzgarse el caso, se emitirá 5 años después. Ya respecto de la labor que desarrolló el exgerente del matadero, el alcalde recuerda cómo «utilizaba mecanismos de venta de una empresa privada y ello nos generó numerosos problemas, porque no se podían aplicar a los clientes los descuentos que prometía, al haber unos precios establecidos en una ordenanza municipal».