Las empresas que realizan alrededor de un centenar de rutas escolares a los centros educativos de la comarca han decidido romper el silencio y denunciar públicamente como «la inoperancia de la Dirección Provincial de Educación y después de la Junta de Castilla y León la estamos pagando nosotros». Lo dice Ángel Santamaría, de Autocares Pachín, quien da voz también a Autobuses Abilio, Autobuses Alfredo Callejo, Autobuses Muñoz Callejo, Taxibus Espinosa y Alsa. Comparten el mismo problema. Educación les adeuda el pago de este servicio correspondiente a los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, cuando la dinámica habitual de la Administración aseguran que siempre fue la de pagar a mes vencido y cuando la ley obliga a las administraciones públicas a pagar sus facturas en un plazo de treinta días.
«Tenemos un problema económico terrible, porque tenemos que seguir pagando nóminas, consumibles, gasóleo...», resume Santamaría, que en Autocares Pachín soporta una deuda que alcanzará los 130.000 euros cuando acabe marzo, al estar entre las firmas que más rutas escolares realiza junto con Alsa. «El mayor problema que tenemos es la incertidumbre absoluta de no saber cuando vamos a cobrar, porque todos echan balones hacia Valladolid», explica.
Los empresarios de Merindades aseguran que todas las empresas de Burgos que realizan estas rutas sufren el mismo problema y solamente cobraron el pasado mes de enero lo correspondiente a los servicios de septiembre y octubre, los dos primeros meses del curso. El pasado mes de agosto, la Dirección Provincial de Educación convocó, al menos, 200 concursos para adjudicar otras tantas rutas escolares que surcan la provincia y la capital llevando alumnos a colegios e institutos de enseñanza pública. Por circunstancias que se desconocen y que Educación no ha aclarado, los empresarios asegura esos concursos aún no se han resuelto. En la Plataforma de Contratación del Estado, donde se hacen públicos estos procedimientos se han publicado en febrero y marzo las actas de multitud de mesas de contratación en las que se «propone al órgano de contratación la adjudicación del contrato» a la empresa con mejor puntuación, en muchas ocasiones, la única que ha presentado oferta. Sin embargo, la aprobación de la adjudicación definitiva de las rutas y la firma de los contratos siguen sin formalizarse.
A la vista de que el tiempo se echaba encima del comienzo del curso escolar y no se había resuelto la adjudicación de las rutas, desde las empresas de transportes explican que Educación inició un procedimiento de urgencia por el que suscribieron un contrato que debía de estar vigente hasta el 31 de diciembre o hasta la fecha en que se resolviera el concurso convocado en agosto. Llegado el final del año, el concurso seguía sin resolverse y Educación prorrogó las contrataciones de urgencia.
Sin plazos de pago. Lo que de ningún modo se podía prorrogar en septiembre era el contrato del curso pasado, vigente desde septiembre de 2017, porque ya se habían agotado sus tres años de vigencia más las dos prórrogas previstas -cinco cursos en total- y era preciso elevar los presupuestos de las rutas, a la vista del aumento del precio que ha experimentado el combustible en estos últimos años.
Los empresarios temen que este retraso en la adjudicación y las contrataciones de urgencia estén detrás del retraso en los pagos que ahogan sus economías. Mientras, desde la Dirección Provincial de Educación se limitan a decir que «se han registrado algunas incidencias en la contratación de algunas rutas de transporte». Añaden que esas incidencias «no ha impedido que el servicio se esté desarrollando con normalidad y que los profesionales del transporte vayan a cobrar dichos servicios». Pero solamente avanzan que «cuanto antes se abonará lo que queda pendiente», con lo que la incertidumbre seguirá rodeando el día a día de las empresas.