Ilegales. Así califican los bomberos profesionales de Aranda las medidas que plantea el Ayuntamiento para solucionar la precariedad que sufre la plantilla de extención de incendios, que sólo cuenta con 21 efectivos disponibles de los 30 que debería. Los delegados sindicales de este cuerpo comparecían arropados por parte de sus compañeros para denunciar que, ante su negativa a hacer más horas extra desde el pasado 1 de abril, desde el Consistorio han buscado una solución entre los bomberos voluntarios de Roa o en los de la agrupación de Protección Civil. "Aparte de la demora que íbamos a tener, porque se tienen que localizar a 4 voluntarios de protección civil, el compañero se tenía que hacer cargo de gente que no está formada, que no conoce, que no sabe cómo trabaja, que no son profesionales y que yo no veo en un incendio de una vivienda dónde se superan los 300 grados a voluntarios de protección civil con la parka naranja; nos tendrán que explicar también si las van a dejar nuestra ropa", ejemplificaba uno de los delegados sindicales de este cuerpo de extinción de incendios. Ante la medida de crear una bolsa de bomberos interinos, consideran que este servicio debe ser prestado por profesionales, dada su peligrosidad. "Esperábamos una negociación pero no se está yendo a casa ajena para buscar gente no profesional", denunciaban los delegados sindicales, que llegaron a asegurar que esta situación de enfrentamiento se debe a un "tema personal de la alcaldesa".

Los responsables de Personal, Seguridad Ciudadana y la propia Raquel González han salido a responder estas manifestaciones, incidiendo en que en las reuniones mantenidas los bomberos reivindican un aumento de sueldo por una subida por ley de su categoría, pero el edil de Personal, Vicente Holgueras, especificó que este cambio de categoría no conlleva una modificación de la retribución anual, criterio expresado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento y que se ha seguido, por lo que los bomberos han llevado esta decisión a los Juzgados. Además, Holgueras recalcó que cada hora extra se les paga multiplicando por 2,75 el coste de una hora normal de trabajo, apostillando la alcaldesa que en 2021 se pagaron en 449.188,6 euros en concepto de horas extra. De momento, las medidas que ha acordado el Ayuntamiento de Aranda para "garantizar la seguridad de los ciudadanos" es anular todas las vacaciones concedidas y las que se pidan a partir del 6 de abril "hata que no vuelvan a hacer horas extra". El edil de Seguridad Ciudadana, Fernando Chico, apuntó que "ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos". La alcaldesa, Raquel González mantuvo la mano tendida a la negociación, siempre siguiendo las pautas que marquen los servicios jurídicos del Consistorio, y remarcó que esta situación no tiene nada que ver con ningún tema personal, como aseguraron los delegados sindicales de los bomberos.