El Consejo de Ministros nombró ayer a cuatro nuevos miembros del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno, entre los que está el exministro de Trabajo y Seguridad Social y exalcalde de Burgos por el PP, Juan Carlos Aparicio. Tomará mañana posesión de su nuevo cargo en la sede la institución, ubicada en Madrid.
Tras su designación, Aparicio mostró su satisfacción por su incorporación a un organismo que cuenta con casi 500 años de historia. «Estoy muy contento al contar con el apoyo de mi partido político y sin que nadie haya puesto ninguna dificultad», aseguró a este periódico.
En este sentido, destacó la posibilidad que le ofrece este nombramiento para poder aportar su opinión en temas importantes para el país desde su dilatada experiencia en las instituciones nacionales, regionales y locales. «Muestro mi gratitud y satisfacción pero también es una responsabilidad», añadió, al tiempo que recordó que el Consejo de Estado siempre ha estado a «salvo» de las dificultades que atraviesan otras instituciones.
Junto a Juan Carlos Aparicio, se incorpora también el exdelegado del Gobierno y exalcalde La Coruña, Francisco Javier Losada (PSOE); la eurodiputada socialista Elena Valenciano; y el expresidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Pedro Sanz (PP). Fue la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la encargada de explicar ayer que se había cesado y vuelto a nombrar a los consejeros de estado electivos.
De tal forma que estos cuatro son los nuevos consejeros y repiten como electivos, sumando 10 en total: Juan Carlos Rodríguez Ibarra, José María Michavila, Jordi Guillot, María Emilia Casas, Elisa Pérez y Soraya Sáenz de Santamaría.
Además, el Ejecutivo ha nombrado a Luisa Carcedo como consejera permanente y presidenta de la sección novena del Consejo de Estado a la actual presidenta de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y diputada socialista, María Luisa Carcedo, que dejará su acta en el Congreso.
Aparicio se muestra encantado de poder reunirse con otros excargos públicos para trabajar en todos los informes que les requiera el Estado y también tienen la posibilidad de plantear iniciativas. «Cuando fui ministro pedí informes a este órgano y ojalá se hubiesen atendido en más ocasiones al Consejo de Estado, dado que es una opinión que nace más de la experiencia que de una posición partidaria», añadió.
Las reuniones del Consejo de Estado tienen una periodicidad mensual y su función es dictaminar sobre las consultas que formula el Gobierno, velando por la observancia de la Constitución y ordenamiento jurídico y por el correcto funcionamiento de la administración pública. Se pronuncia a través de sus dictámenes que deben emitirse en el plazo de dos meses.