Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Miranda firman una declaración institucional para mostrar su «firme apoyo a la plantilla de Montefibre». En el texto, las formaciones municipales declaran su «compromiso de seguir trabajando por dar una solución de continuidad al proyecto». En este sentido, instan tanto al Gobierno de España como a la Junta de Castilla y León a que busquen inversores, rastreen las diferentes vías de financiación o, incluso, emprendan una «intervención pública directa» en la planta. Además, solicitan a las autoridades competentes que abran una investigación para esclarecer dónde acabó el dinero que se entregó en forma de subvenciones a Praedium, el grupo propietario de la entidad, puesto que estas cuantías no repercutieron en la factoría como debía haber ocurrido.

La inversión que exige el Consistorio de Miranda serviría para mantener una unidad clave en el tejido industrial de la ciudad. Eso sí, la solicitud no busca retomar el funcionamiento histórico de la planta, sino que se centra en la reconversión de la empresa para poner en marcha el proyecto de «producción de fibra de carbono». Según los grupos municipales, esta iniciativa tiene un «interés estratégico para nuestro país».

La fibra de carbono, como recuerdan desde el Ayuntamiento, «tiene mejor salida y proyección en el mercado actual». Praedium recibió doce millones de euros en forma de subvenciones para comenzar la transformación de la planta y encarar este reto. Sin embargo, «a día de hoy la sociedad no ha cumplido con sus obligaciones concursales ni con los compromisos adquiridos» con la administración al recibir esa inyección de capital. De hecho, desde la corporación explican que la factoría «ha entrado de nuevo en concurso de acreedores y su liquidación está próxima» (...).

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