La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial autorizó en su última reunión trasladar a María Teresa Muñoz, magistrada de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos, encargada de asuntos penales, el visto bueno de su petición de jubilación anticipada. Un retiro efectivo que, matizan desde este órgano, quedará demorado hasta el 2 de junio de 2023. Esta unidad, que posee actualmente un total de cinco jueces y que tiene la agenda de señalamientos copada hasta dentro de un año, tendrá un togado menos a partir de ese momento hasta que se cubra la plaza vacante, la cual no saldrá a concurso hasta entonces. Se sopesa, a su vez, pedir el refuerzo de un sexto enjuiciador.    

A juicio de la Comisión Permanente, convergen en la solicitud de jubilación anticipada de la magistrada «en su persona y en su situación administrativa todos los elementos, condiciones y requisitos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio», reguladora de la carrera judicial, y en sus disposiciones sobre los procedimientos de retiro. La decisión de demorar la eficacia hasta el día 2 de junio de 2023 puede ser recurrida por la interesada en el plazo de 15 días. 

La marcha de esta jueza de la Sección Primera dejará a la unidad con solo cuatro magistrados al cargo de asuntos penales. Fuentes judiciales señalan que lo habitual es que su plaza se saque a concurso una vez se haga efectivo el retiro, no antes. Es decir, que hasta el 2 de junio no se iniciará un proceso que lo más seguro es que se demore unos cuantos meses. 

Entre medias, desde la Audiencia Provincial siguen sopesando la opción de solicitar el refuerzo de un sexto juez para esta sección. Aún no se ha presentado la solicitud formalmente y no ha sido tratada por el momento por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, quien tiene que dar en primer lugar su visto bueno antes de trasladarlo al Consejo General del Poder Judicial. 

Lo cierto es que este órgano comienza a estar sobrecargado de trabajo por diversas razones. Por un lado, la pandemia obligó a suspender decenas de asuntos y a recolocarlos a medida que se iban flexibilizando las restricciones de movilidad y se iban encontrando fechas. A su vez, fueron finalizando procesos en fase de instrucción abiertos antes de la crisis sanitaria y que también se dilataron en el tiempo. Muchos de ellos por delitos sexuales y tráfico de drogas, que copan más de la mitad de los procedimientos de este año. Y a todo esto hay que sumar que los juzgados penales, que cuentan con tres magistrados de refuerzo, han comenzado a sacar adelante buena parte del trabajo atrasado. Sentencias cuyos recursos llegan a la Audiencia Provincial en apelación y que los jueces de la Sección Primera tienen que resolver.

La cuestión es que, a día de hoy, el calendario de señalamientos está completo para el presente año y ya se ha inaugurado el de enero de 2024.