Las medidas anticrisis y los presupuestos para el año que viene están presentándose estos días como solución a todos los males del país. Eso, según el prisma del Gobierno, porque la oposición ve todo lo contrario en estos paquetes de acciones que parecen algo descoordinadas e improvisadas a golpe de titular y de encuesta negativa para el presidente Sánchez. Los cambios en la tributación que anunció la ministra de Hacienda, que tratan de erradicar y expulsar la riqueza de nuestro país en lugar de borrar del mapa la pobreza, fueron diseñados en una madrugada de negociaciones y carreras, de llamadas insomnes entre las dos partes del gobierno de coalición, en el que cada parte barría para su causa ideologizada, en lugar de ser fruto de un profundo análisis del ejecutivo sobre lo que realmente necesita la fiscalidad de nuestro país en un escenario como el actual, plagado de escenarios negativos para el trabajador, el contribuyente, el consumidor.

Y en este contexto es donde surgen dos conceptos que el presidente y todos sus colaboradores esgrimen hasta la saciedad, en cada intervención y de forma repetida: la justicia social y la justicia fiscal como motores de una cruzada a lo Robin Hood en la que los gobernantes deciden cómo debe aplicarse esa idea de justicia para quitar a unos y dar a otros, siempre conforme a su forma de pensar y a sus obsesiones. En una democracia y un estado de derecho, las leyes y los jueces son los que aplican la justicia después de que las instituciones democráticas las aprueben en los órganos de representación de la soberanía nacional. Pero estas dos justicias de nuevo cuño, tan inventadas como irreales porque no han pasado el más mínimo filtro, se imponen a golpe de declaración y de tuit, sin dar posibilidad a quienes discrepen de la forma en la que se aplican.

La justicia social es supuestamente la forma de conseguir que una persona que viva en una infravivienda y que no tenga suficiente para llegar a fin de mes pueda disponer de parte de los recursos que tiene, por ejemplo, Amancio Ortega, uno de esos ricos insoportables contra los que se dirige el nuevo impuesto contra las grandes fortunas. ¿Cree alguien que esa justicia dictada por los auto proclamados jueces sociales va a conseguir realmente su objetivo, si ni siquiera los fondos europeos han llegado a la economía real?. La Justicia fiscal, entendida tal y como Sánchez y sus socios de Podemos la proclaman, se supone que pretende reequilibrar los recursos bajando impuestos a los pobres para subírselos a los poderosos. Y con esta nueva idea contributiva se justifica que una bajada de impuestos, aunque sea mínima y testimonial, se convierta en una decisión digna de la izquierda cuando ésta siempre ha defendido lo contrario.