Es sorprendente, cuando no inquietante, que en este país no exista hoy un debate público sobre la pertinencia o proporcionalidad de seguir restringiendo derechos fundamentales para gestionar la pandemia, sino, única y exclusivamente, acerca de si la ley permite tales medidas o no. Es decir, que lo que debería ser la última alternativa se ha convertido en la primera y, según parece, la incomparable. O toque de queda o el acabose.
Cuando un hecho cualquiera se prolonga durante más de 15 meses deja de ser algo extraordinario para convertirse en ordinario y creo que como tal debería abordarse. No es racional fiar la gestión de una crisis sanitaria tan larga a un toque de queda a largo plazo o a una prohibición continuada de la movilidad porque, primero, en algún momento habrá que recuperar la normalidad y, como decía Monterroso en El dinosaurio, cuando despertemos, el virus seguirá ahí. Y, segundo, porque la realidad de hoy no es la del 25 de octubre. En el mes siguiente a la aprobación del último estado de alarma, en esta provincia murieron 144 burgaleses a causa de la infección por SARS-CoV-2 y 272 si el análisis se extiende hasta el 25 de diciembre. La limitación de derechos fundamentales se proponía preservar la vida del mayor número posible de personas, un objetivo para el que ahora se dispone de una herramienta que no existía entonces y que no puede ser considerada menor o accesoria: la vacunación. La eficacia está sobradamente evidenciada: las residencias llevan un mes y medio sin víctimas mortales por la infección. No estamos en la misma situación.
La normalización de la limitación de nuestros derechos fundamentales no es el camino a seguir. Tiene que haber otras formas de gestionar, lo cual no equivale al no hacer nada que algunas están confundiendo con la libertad.