La Cámara de la Propiedad, institución defensora y portavoz de los titulares de viviendas de esta provincia, reconoce que el problema de la okupación en Burgos «no es tan agudo como en otros territorios, como Madrid, Levante, Cataluña o Andalucía». Sin embargo, su gerente, José Muñoz, advierte de que se trata de «un fenómeno al alza en Burgos» al que hay que poner «freno». Para ello no es partidario de que se cambie la legislación, «el exceso de regulación no es bueno», opina, pero sí de que «se aplique con agilidad». Y a ello «no está contribuyendo el decreto gubernamental que frena los desahucios de las personas que entran y okupan una casa de forma ilegal», afirma.

No se trata, a su juicio, de falta de solidaridad o de empatía de los propietarios con las personas con escasos recursos que viven de forma irregular en sus pisos, «se trata de que ha de ser la Administración la que preste ayuda a esos ciudadanos». «Ni el Ayuntamiento ni la Junta pueden trasladar el problema a los propietarios, son estas instituciones las que han de resolver el estado de necesidad de quienes no tienen un lugar digno para vivir», afirma, para subrayar que «el derecho a una vivienda digna» han de garantizarlo «las administraciones, no los particulares». 

De ahí que Muñoz inste tanto al Ayuntamiento como al Gobierno regional a ampliar su parque de viviendas sociales, con el fin de poder alojar allí «a todas las personas que, de otra forma, okuparían viviendas de forma ilegal». Además, advierte de que los mismos propietarios se avendrían a poner a disposición sus casas -por un alquiler más bajo que el precio de mercado- siempre y cuando se les «garantice el pago de la renta y la reparación de posibles daños». Y es que el problema de la okupación no es exclusivo de los propietarios que la padecen «sino también del vecindario, que vive en continuo estado de alarma por ruidos, desperfectos en el portal, etc». 

La okupación de un edificio entero en la calle Concepción, que fue desalojado hace una semana por una empresa privada, sí que «ha llamado la atención» de la Cámara de la Propiedad, que en todo caso asegura que «no existe una gran preocupación por este fenómeno en Burgos». Según explica «el perfil de las personas que entran a vivir de forma ilegal en una vivienda en nuestra capital es menos conflictivo que en otras ciudades, no están respaldados por organizaciones o movimientos radicales, sus okupaciones son espontáneas». «Aunque es verdad que tienen efecto llamada y donde se desplaza una familia suelen seguirle más», añade.

Y es verdad, según la Policía Nacional, no existe el arraigo de un movimiento que se dedique a buscar casas vacías para pegar una patada en la puerta y ponerse allí a vivir. Esto no significa que no exista, sino que tienen un sentido muy diferente salvo en contadas excepciones, como es el caso de la calle Santa Clara, 45. Allí un grupo con un cierto carácter delincuencial ha okupado varias viviendas de un edificio que eran propiedad o de la Sareb o de bancos. La gran mayoría de los que entran en viviendas ajenas son familias desamparadas o itinerantes. Tampoco hay un foco claro, sino que se reparte a lo largo y ancho de la ciudad, siendo una docena la contabilizadas.

Al margen de Santa Clara y el edificio de la calle Concepción recientemente desalojado, lo demás son pequeños focos que se reparten por toda la ciudad, como en la calle San Francisco, en Las Calzadas, San Juan, La Quinta, Fernán González o Parque Europa. En todos estos lugares se han producido okupaciones muy puntuales y por poco tiempo, por lo que tampoco se pueden englobar en un movimiento.