El cambio de postura de España respecto al conflicto del Sáhara Occidental se ha hecho de repente y sin anestesia. O sea, sin la previa preparación del terreno que, en nombre del realismo político, hubiera dado a la opinión pública española la oportunidad de ir haciéndose a la idea de que no tiene sentido mantener bloqueado el conflicto.
Hablamos de un problema heredado del siglo XX que, a la hora de buscarle una solución, siempre puso de manifiesto la incapacidad de la diplomacia y los intereses en juego.
No es nueva la filantrópica idea de poner fin a las penosas condiciones de vida de los saharauis expatriados en un lugar del desierto argelino, aunque fuese al precio de renunciar al derecho de autodeterminación reconocido en la doctrina de la ONU.
Dentro del propio PSOE, que siempre se solidarizó con la causa del pueblo saharaui, nunca faltaron las voces partidarias de aceptar el régimen autonómico ofertado por Marruecos en 2007. Durante el mandato de Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno y líder del PSOE, se contempló esa vía, aunque oficialmente España nunca se descolgó de los mandatos descolonizadores de las Naciones Unidas.
Pero Marruecos jamás aceptó otra salida que no fuera la del reconocimiento de su soberanía nacional sobre la antigua colonia española (1958-1976), que de facto ya había conseguido imponer con la acumulación de los hechos consumados en el tiempo. El eclipse del derecho internacional (véase el caso de la invasión rusa de Ucrania) y la licuefacción de los valores democráticos (Bauman vive) hizo el resto.
Todo lo demás es realpolitik. Y es ahí donde hay que rastrear los motivos del Gobierno de Sánchez para despachar en una carta a Mohamed VI el desbloqueo de un contencioso de casi medio siglo atrás.
El desbloqueo consiste en la conformidad con la oferta autonómica de Marruecos para el Sahara (2007), como la solución más "seria, realista y creíble", a cambio de recuperar las relaciones de buena vecindad respecto a los flujos migratorios o las disputas territoriales (Ceuta, Melilla y aguas de Canarias).
Sin embargo, las formas no han sido las mejores en la gestión del llamado "volantazo" de España sobre el conflicto saharaui. No va a ser fácil que olvidemos lo ocurrido el viernes 18 de marzo. El día en que Mohamed VI se convirtió en portavoz de nuestra política exterior: una humillación de la diplomacia española. El día que los españoles se enteraron por una filtración marroquí de que España, como potencia administradora de un territorio "pendiente de descolonización" (doctrina ONU), hacia mutis por el foro y se plegaba a las ambiciones territoriales del país vecino.
Los españoles siguen esperando las explicaciones de Sánchez.