Renovados los consejos sociales tras dos años en funciones

F.L.D.-ICAL
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Luis Abril seguirá al frente de la institución de la universidad burgalesa otros cuatro años. En julio este órgano se plantó para forzar los nombramientos

Luis Abril, durante la última entrega de premios del Consejo Social. - Foto: Valdivielso

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó ayer la renovación de los presidentes de los consejos sociales de las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Así, en el caso de la UBU, Luis Alfonso Abril Pérez renovará su cargo al frente del órgano de participación de la sociedad después de estar en funciones durante dos años. El pasado mes de julio, sus integrantes decidieron plantarse y no volver a reunirse hasta que el Ejecutivo regional actualizase la institución. 

La Ley de Universidades de Castilla y León establece en su artículo 25 que el presidente del Consejo Social será nombrado entre personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social, por la Junta de Castilla y León, a propuesta de la consejería competente en materia de universidades, oído el rector.

De este modo, aparte de la renovación de Luis Abril al frente del Consejo Social de la Universidad de Burgos, la Junta de Castilla y León propuso el nombramiento de Luis Javier Cepedano Valdeón como presidente de la institución de  la Universidad de León; José Ignacio Sánchez Galán en la Universidad de Salamanca y Óscar Campillo Madrigal en la Universidad de Valladolid.

El mandato de los miembros de los consejos sociales es de cuatro años. En este sentido, el nombramiento de los presidentes de los consejos sociales de las universidades de Burgos, León y Valladolid suponen una renovación del mandato anterior, mientras que en el Consejo Social de Salamanca es nombrado en el cargo por tercera vez.

Plante. A finales del mes de julio, el Consejo Social de la Universidad de Burgos organizó una reunión de sus integrantes cuyo único punto del día era acordar no celebrar más sesiones en tanto en cuanto el Gobierno regional no renovase los cargos.

Los miembros de este órgano participativo advirtieron de que la normativa no contemplaba la figura 'en funciones' del presidente y el resto de sus vocales, por lo que existían ciertas dudas de que los acuerdos que se venían alcanzando tuviesen validez. Esto suponía un grave problema para cuestiones tan importantes como la aprobación de los presupuestos o el cierre económico anual. Con este plante, pretendían forzar a la Junta su renovación o cese.