No una, ni dos. Hasta en seis ocasiones se ha dirigido el Procurador del Común al Ayuntamiento de Barrios de Colina en demanda de información relativa a un mismo expediente y siempre ha obtenido la misma respuesta, ninguna. Tampoco en un segundo caso, pese a ser advertido de posibles responsabilidades penales, Sigue impasible. Ni un solo folio ha salido de su sede consistorial. Esta pasividad le ha hecho ganar al municipio el título de entidad menos colaboradora de toda la provincia de Burgos, al haber sido incluida en tres ocasiones en poco más de medio año, dos en la relación de aquellas que incumplen la obligación de informar y otra en la de quienes no contestan a las resoluciones y recomendaciones.

El expediente más reciente se encuadra en el ámbito medioambiental, por la disconformidad con la apertura de un bar-restaurante en San Juan de Ortega. La primera petición de información la realizó en noviembre y tras otra sin contestar, en febrero le ha avisado de las responsabilidades penales en las que puede incurrir si no cumple sus obligaciones.

El más antiguo llegó al Procurador del Común en verano de 2018. Un vecino denunció que un camino público que da acceso a unas fincas rústicas había sido cerrado con una cadena por un particular, impidiendo el paso. Pese a poner los hechos reiteradas veces en conocimiento del Ayuntamiento, este no tomó ninguna medida y el afectado decidió requerir la intervención de Tomás Quintana.

Ni con esas. De hecho, la institución regional conoce del asunto gracias a la información que le hizo llegar la Diputación Provincial, un informe del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM)realizado hace casi dos años, sobre el expediente abierto en 2017.

«Todos los planos catastrales que hemos examinado y que se han

incluido en el informe pericial elaborado a instancia de esa administración (y que nos remitió la Diputación provincial ante el incumplimiento del Ayuntamiento de sus deberes legales en relación con esta Institución) marcan en este punto un acceso o camino a las fincas rústicas situadas en esta zona» y aunque reconoce que el Catastro «es un registro administrativo con fines fiscales, que como tal no confiere ni quita titularidad» si constituye un indicio para la apertura del expediente de investigación, a lo largo del cuál el Ayuntamiento puede recabar las pruebas, «especialmente los títulos de las personas que han efectuado el cerramiento, con las consecuencias que le hemos indicado en relación con la posible inscripción registral y con absoluta garantía para todas las partes que puedan aparecer implicadas y también obviamente, para el interés público por el que esa administración debe velar», apostilla.

El Procurador del Común recuerda a Barrios de Colina que no solo tiene la obligación de ejercitar acciones en defensa del patrimonio común, sino que la ley faculta a cualquier vecino a «a ejercitar en sustitución de la entidad local que permanece inactiva, las acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de la misma, y que dicho vecino, de prosperar la acción, tendrá derecho a ser reembolsado por la entidad local de las costas procesales y a la indemnización de cuantos daños y perjuicios se le hubieran ocasionado», remarca.