Las diferentes reuniones entre los representantes de los Letrados de la Administración de Justicia y el Ministerio no solventan una huelga que suma ya 26 días. Una protesta que ha supuesto en Burgos la paralización de más de 1.400 asuntos, la gran mayoría en la jurisdicción civil, y que tendrá unos efectos negativos en los próximos meses. También a nivel económico, puesto que los juzgados mueven una actividad al año de 60 millones de euros entre honorarios a abogados, procuradores y graduados sociales, a los que hay que sumar tasas, costas y demás gastos.
El cálculo de lo que supone la justicia a nivel económico deriva del número de procedimientos por jurisdicción y el coste medio en base a su casuística particular. Es decir, no es lo mismo un pleito penal que una demanda civil o un concurso mercantil. Cada asunto tiene un recorrido en los tribunales que a su vez se traduce en dinero.
Los juzgados con mayor actividad, a tenor de la estadística recogida en la Memoria Anual de la jueza decana de Burgos, son los civiles. Según estos datos, el pasado año ingresaron en estos órganos 10.594 asuntos. El coste que supone iniciar un camino en esta jurisdicción varía mucho. No obstante, Sergio Carpio, abogado del bufete ETL Global, señala que un juicio verbal para reclamación menor, en la que no hace falta letrado y procurador, supondría un gasto de 400 o 500 euros, pero se duplicaría si la cantidad en liza es mayor a 2.000 euros. Por su parte, un procedimiento ordinario ya supondría un desembolso mínimo de 2.300 euros.
Dentro de Civil hay, por otro lado, juzgados especializados como los de asuntos bancarios, un órgano que ya tiene establecidas unas cantidades fijas de unos 2.500 euros, con pago a abogado y procurador incluido. En Familia es mucho más variable en función de si es un divorcio de mutuo acuerdo, en contencioso, liquidaciones de sociedades en gananciales, modificación de las condiciones de guardia y custodia, etc. Belén Marticorena, letrada especializada en este tipo de asuntos, estima una horquilla de 700 hasta los 4.000 euros en función de la casuística. «Puede parecer a priori bastante dinero, pero hay que tener en cuenta que muchas veces son temas que duran dos años o más. Por eso intentamos que sea lo más rápido posible», puntualiza esta abogada.
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