La ley de caza de Castilla y León vuelve a estar en el punto de mira de la Justicia después de haber sido tumbada en varias ocasiones durante los últimos años. Ahora, es el Gobierno central el que llevará la normativa autonómica ante el Tribunal Constitucional por, entre otras cosas, considerar al lobo como especie cinegética a pesar de la prohibición de su caza en todo el territorio nacional desde el pasado mes de septiembre. El Consejo de Ministros celebrado ayer aprobó un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, contra varios preceptos de dicha ley de Caza de Castilla y León.

Antes de que se oficializase la decisión del Ejecutivo en el Consejo de Gobierno, el consejero en funciones de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró que la Junta no tiene «ningún problema» por la presentación de este recurso de inconstitucionalidad a la ley de caza de la Comunidad, ya que el TC se ha pronunciado en que es «plenamente constitucional». Sin embargo, según se argumenta desde el Gobierno central, los problemas de constitucionalidad de la ley autonómica a impugnar afectan a diversas cuestiones relativas a la distribución competencial y a la normativa básica estatal, teniendo como epicentro la consideración del lobo como especie cinegética. 

Además, también recalcan que la comisión bilateral, en el seno del procedimiento previsto por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, inició negociaciones para resolver las discrepancias competenciales existentes en relación con la citada norma autonómica, si bien no fue posible llegar a un acuerdo respecto de los artículos en relación con el lobo que son objeto de impugnación. De esta forma, el Gobierno considera que la norma autonómica vulnera la normativa básica estatal sobre delimitación de especies cinegéticas, y señala que mientras la normativa regional sitúa al lobo como cinegética, la estatal no permite esta catalogación.

Ningún problema

Suárez-Quiñones recordó que esta normativa de hace tres años sufrió un recurso del Defensor del Pueblo ante al alto tribunal y una cuestión de inconstitucionalidad desde el Tribunal Superior de Justicia y el TC dijo que era «plenamente constitucional». En este punto, reiteró que no tienen «ningún problema» en que el Gobierno acuda al TC, porque la legislación «mejora la última ley que reformamos, es un sistema sostenible y está siendo imitada por otras autonomías». «Es una primicia de regulación sostenible», resumió. Por otra parte, y preguntado por la caza del lobo, sostuvo que no se podía cazar al sur del Duero, por la normativa europea del hábitat, y ahora tampoco al norte, por una decisión «arbitraria» y sin criterios científicos del Gobierno de Pedro Sánchez, desde un «posicionamiento ideológico radical». «El lobo no se puede cazar porque la vicepresidenta Teresa Ribera no ha querido», dijo, para lamentar los «graves perjuicios» que ocasionará a la ganadería y a la población del medio rural.