Una vieja y necesaria aspiración de los empresarios burgaleses, la apertura de un centro en condiciones para el tratamiento de residuos industriales no peligrosos en Abajas, está más cerca de hacerse realidad. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha fallado contra la pretensión de Ecologistas en Acción de que se considere caducada la declaración de impacto ambiental, otorgada en el año 2013 al proyecto, y la autorización ambiental integrada, del año 2014. 

La Sala de lo Contencioso Administrativo considera que concurre  la causa de inadmisión del recurso porque Ecologistas en Acción «consintió la prórroga de la autorización ambiental -de agosto de 2018- que le fue notificada», ya que no la impugnó ni en la vía administrativa ni en la judicial». En este sentido, abunda el fallo, el permiso «devino firme» y fue después cuando la entidad recurrente -en octubre de 2019- pidió la declaración de caducidad, que fue desestimada en enero de 2020. 

En este sentido, el TSJ advierte de que Ecologistas en Acción «no puede pretender ahora -en la vía contencioso administrativa- obtener un pronunciamiento a favor de la caducidad de las declaraciones ambientales, que son válidas y fueron debidamente prorrogadas en actos firmes y consentidos». De emitir un fallo en sentido contrario, continúa la resolución judicial, «se estaría amparando un fraude».

Otro de los argumentos que esgrime el Alto Tribunal autonómico contra la exigencia de Ecologistas en Acción es la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, que entró en vigor el 16 de noviembre de 2014, fecha de vital importancia para entender la decisión del TSJ. Esa norma estableció que las declaraciones de impacto publicadas antes de la vigencia de la misma pierden validez y cesan en sus efectos si la ejecución de los proyectos no comienzan en el plazo máximo de seis años desde la entrada en vigor de la mencionada Ley. 

De modo que resulta esencial determinar si las obras de la planta de tratamiento de residuos industriales de Abajas empezaron antes del 16 de noviembre de 2020. Y según la sentencia, los trabajos sí empezaron con anterioridad, pues «existió una comunicación de 5 de junio de 2020 a la Junta en la que se informaba de que las tareas habían iniciado». Asimismo, el jefe de Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático del Gobierno regional declaró en el juicio que el 18 de septiembre de 2019 hubo otra notificación de que empezaban las actuaciones en los terrenos expropiados.

Además, agrega el fallo, «todas las certificaciones de obra» presentadas en el procedimiento judicial «acreditan que los trabajos de ejecución empezaron dentro del plazo de vigencia de la declaración ambiental, por lo que el expediente de caducidad debe ser desestimado». Las costas no se imponen a ninguna de las partes.

De modo que la Justicia da vía libre para que el centro de tratamiento entre en funcionamiento, si bien la Junta todavía debe conceder el permiso de inicio de actividad, una vez que la primera fase del proyecto «ya ha concluido», según señalaron fuentes de la empresa gestora, Depósitos y Reciclados del Norte, quienes añaden que hay disponibles para las empresas 2,1 millones de metros cúbicos de terreno para que viertan sus desechos industriales no peligrosos, en torno a las 900.000 toneladas. En la primera fase ha realizado una inversión inicial de entre 6 y 7 millones. Se calcula que se crearán entre 30 y 40 empleados. Si bien el desembolso es inferior a los más de 23 millones de euros que se anunciaron en junio de 2014, esa es la cifra aproximada que se inyectará una vez completadas todas las fases. En total, el proyecto, contemplado en el Plan Regional de Residuos se dibuja sobre una superficie de 40 hectáreas y una vida útil de 30 o 40 años. Este vertedero recogerá todos los residuos industriales que se generan en la provincia (unas 60.000 toneladas al año) y serviría para cumplir con la normativa actual, que obliga a que los residuos industriales no peligrosos vayan a parar a vertederos específicos.