Es cierto que desde que en 2016 se puso en marcha en Burgos el expediente digital para desterrar el papel de la Administración de Justicia los archivos de los tribunales están bastante menos sobrecargados. No obstante, el ingente número de expedientes que se han acumulado en los juzgados durante décadas obliga al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León a seguir programando 'limpiezas' constantes para liberar espacio tanto en las dependencias judiciales -en sus archivos de gestión- como en los depósitos de Adea, la empresa zaragozana especializada en gestión documental a la que se envían todos los asuntos con 5 años de antigüedad desde que se dictó la última resolución en firme.   

Esta tarea está controlada y fiscalizada, en concreto a través de una Junta de Expurgo en la que hay representación de los jueces, fiscales y el Gobierno regional. En este ente juegan un papel fundamental la secretaria de Gobierno del TSJ, Maite de Benito, y la técnico superior en Archivos del Tribunal, Marta López. Es esta última la responsable de efectuar la primera criba para destruir documentos guardados en la empresa externa aragonesa, a la que el Ministerio paga en función del número de expedientes que alberga. Sí, es preciso minimizar el coste de la custodia para las arcas públicas, pero ni a cualquier precio ni de cualquier manera, porque «hay archivos con valor histórico que hay que conservar».  De ahí que Marta López, en su trabajo, siempre tenga un ojo en el juzgado y otro en la historia. De hecho, cada expurgo ha de contar con un informe favorable y vinculante de la Consejería de Cultura de Castilla y León. 

Otra cosa distinta es que los archivos históricos de las Administraciones puedan recoger todos esos documentos judiciales, con valor para la realización de estudios de todo tipo, «cosa que no ocurre, porque tampoco tienen espacio». Así, Adea cobija expedientes de los tribunales de Castilla y León que ya están muertos -no tienen más vida judicial- pero que no se pueden destruir por su interés histórico. A Marta López le cuesta Dios y ayuda que el Ministerio de Cultura se haga cargo de estos expedientes. De hecho, no fue hasta 2016 cuando se llevó 100 cajas del TSJ con procedimientos de responsabilidades políticas de la Guerra Civil, asuntos que tienen que ver con exhumaciones, etc. 

La eliminación total de archivos solo se decreta «después de muchos años», una media de 20, en función de la jurisdicción de que se trate. Y, en todo caso, «se reservan para siempre una serie de procedimientos» para que sirvan de «testigos», como referencia de «cómo se llevaba la tramitación judicial de un determinado tipo de asunto». Por ejemplo, en los expurgos de causas penales, el TSJ ha 'salvado' «varios procesos de juicios de faltas en todas la provincias», con el fin de que en el futuro cualquier estudioso pueda analizar cómo se iniciaban unos procedimientos que en España ya han pasado a la historia. «Puede que haya investigadores que quieran dentro de unos años examinar la delincuencia desde el punto de vista de estos expedientes», afirma Marta López.?

Como «primer filtro», la técnico superior en Archivos es la responsable de hacer propuestas tanto para la eliminación de expedientes como para su conservación. Por ejemplo, en el orden penal, «todos los sumarios -es decir, las causas de asesinatos y delitos graves- no se destruyen, son intocables». El último fin del expurgo «es ganar espacio pero no a toda costa». En este sentido, la 'limpieza' se ha llevado a cabo en los ámbitos penal, social y contencioso administrativo, pero no en el civil, «por la cantidad de documentación original incorporada a ese tipo de procedimiento». «No tenemos capacidad para ir asunto por asunto a ver si se puede expurgar», confiesa De Benito.