Hace ahora un mes, el 24 de junio, entraba en vigor el Decreto Ley 2/2022 de la Junta de Castilla y León, que adopta medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos procedentes de Europa y que ha puesto en jaque al sector renovable. Entre otras novedades, con la norma se activa la distancia mínima de 500 metros de núcleos urbanos (incluidos los polígonos industriales) o de bienes de interés cultural para la instalación en suelo de parques solares y eólicos. Es una prohibición con efectos retroactivos, lo que afecta a cerca de una docena de proyectos solares ya en marcha en Burgos, con más 50 millones de euros comprometidos, a los que se podrían sumar otros 100 millones de otros tantos que estaban a punto de iniciar su tramitación administrativa este año.

El sector fotovoltaico (inversores e instaladores) ha criticado duramente lo que consideran «un cambio de las reglas de juego» que paraliza inversiones millonarias y que deja en el limbo a empresarios e industrias que habían iniciado la compra o el alquiler de terrenos, con contratos firmados para los puntos de conexión eléctrica, con anteproyectos de obra en marcha e incluso con la adquisición comprometida de placas fotovoltaicas.

Los afectados urgen cambios en cuatro artículos y una disposición transitoria del Decreto Ley, principalmente la eliminación de su retroactividad, y no descartan acudir a la vía legal dado el quebranto económico que les ocasiona la nueva legalidad. De entrada, confiando en una solución por parte de la Junta, abogan por seguir con las tramitaciones para evitar al máximo la paralización de los proyectos.

La alarma saltó en FAE hace unos días, cuando tuvieron conocimiento de un proyecto de 6 millones de euros destinados a la construcción de 6 parques fotovoltaicos de un megavatio (MW) de potencia, respectivamente, quedaban paralizados con el nuevo Decreto Ley. Por cada MW, se habían depositado 40.000 euros de aval ante la Junta de Castilla y León para admitir a trámite estos parques.

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