El Juzgado de lo Social número 3 de Burgos ha declarado improcedente el despido por causas productivas de una trabajadora de la empresa Wikomobile Logistic, que realiza labores de reparación de teléfonos móviles en el polígono industrial de La Vega. La trabajadora, en plantilla desde agosto de 2015, recibió el alta médica tras un año de incapacidad en marzo de 2021 y al día siguiente, cuando se reincorporó a su puesto de técnico, le comunicaron que no contaban con ella.
Todos los trabajadores que permanecieron en esta compañía fueron dados de baja el 31 de diciembre de 2021 y al día siguiente pasaron a prestar servicios para la firma SPC Servicio Atención al Cliente, con el mismo domicilio social. Por ello, el magistrado considera que se ha producido una sucesión de empresas y condena de forma solidaria a ambas a que opten por la readmisión de la empleada con el abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha de su despido o por pagarle la indemnización por despido improcedente (una vez descontados los 20 días por año de servicio que ya le entregaron en su día).
En la carta de despido, la empresa se limita «a indicar los datos relativos a la disminución del número de reparaciones de teléfonos móviles en el año 2020 en relación con años anteriores, desde el 2016, lo que efectivamente sería una causa productiva, pero no hace ninguna ningún juicio de razonabilidad de la decisión extintiva para prevenir una evolución negativa de la empresa o en qué medida el despido de trabajadora podría hacer más adecuada la viabilidad o la organización de los recursos de la empresa, pues no relata ningún dato respecto a la situación económica de la misma, ni la incidencia que ha tenido en la empresa la disminución de reparaciones y ventas de teléfonos móviles en su cifra de negocio, o en el resultado económico de la misma», detalla la sentencia.
Considera el magistrado que no se pueden tener en cuenta los balances aportados durante la vista, porque generarían indefensión a la trabajadora. Sin embargo, también recalca que en ellos se aprecia que «el resultado del ejercicio 2020 es muy superior al de 2019, 249.217 euros frente a 26.288 euros, por lo que no estaría justificada la razonabilidad del despido de la trabajadora», subraya.
Wikomobile Logistic solicitó un ERTE durante el confinamiento, que afectó a 11 de 15 trabajadores, por la falta de material para trabajar y la falta de clientes, como consecuencia de la limitación de circulación de las personas. El último salió en julio de 2020.
Además, en 2019 fueron despedidos 5 trabajadores por causas objetivas y en 2021 otros cinco, entre ellos la técnico de esta sentencia, que puede ser recurrida ante el TSJ.