Desde que el 25 de mayo se publicara en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 'Reglamento de regulación de Teletrabajo' en la Diputación de Burgos solo trece trabajadores ha solicitado acogerse a esa modalidad, apuntan desde el área de Personal de la institución provincial, desde donde apunta que en cuatro casos la resolución ha sido positiva, en otros dos se ha denegado la solicitud y el resto de casos sigue en estudio. «Están a la espera de resolución al haberse solicitada en la mayoría de los supuestos aclaración de determinados aspectos a sus responsables», matizan desde el departamento que tramita todas las solicitudes.
Desde el Sindicato Obrero Independiente (SOI) califican de «fracaso» la respuesta de los trabajadores, máxime teniendo en cuenta que solo en el Palacio Provincial hay 250 empleados que se pueden acoger a esa modalidad, y no dudan en señalar que «siempre tuvimos la certeza que los responsables de Personal han regulado el teletrabajo por imperativo legal». Es más, portavoz de este sindicato señala que los responsables de Personal «nunca han creído en esta modalidad de trabajo y lo único que han hecho es 'vestir la muñeca' y guardar las apariencias».
Para este sindicato esta baja respuesta se debe a las «limitaciones» del reglamento que regula el régimen de autorización de teletrabajo. «La decisión de teletrabajar será voluntaria y reversible, y su duración será inicialmente de seis meses y, en ningún caso, podrá suponer un número de días a la semana superior a dos» apuntan desde el área de Personal.
Las peticiones para acogerse a esta modalidad, están supeditadas «a la susceptibilidad de realizarse mediante teletrabajo las tareas asignadas al puesto, y a que se garantice no solo la prestación de los servicios públicos, sino también la atención directa presencial a los ciudadanos los restantes días a la semana», matizan desde Personal.
Las dudas de los sindicatos sobre la intención del equipo de gobierno de la Diputación con el reglamento publicado en mayo se han visto acrecentadas al ver publicada, la semana pasada, la normativa de la Junta con los requisitos para acceder a esta modalidad de trabajo en la Administración regional. «A simple vista se ve que la normativa de la Junta tiene un contenido moderno y equilibrado que busca, de verdad, la aplicación de esta modalidad de trabajo para potenciar una actuación administrativa, profesional, flexible y adaptada a la coyuntura social y económica, que redunde todo ello en el aumento del rendimiento», asegura desde el SOI.
Además, desde este sindicato consideran que el teletrabajo impulsa la modernización de la organización administrativa de la institución provincial y contribuye a fijar población en el medio rural, así como a la «sostenibilidad ambiental como consecuencia de la disminución de los desplazamientos por razón de trabajo» y a también «potenciar la conciliación de la vida familiar y laboral».