La Confederación Española de Talleres (Cetraa) defiende que uno de cada cinco centros de reparación de vehículos que operan en España son ilegales. Hay estratos sí. A cada uno de ellos se le podría apañar un calificativo (pirata, clandestino, irregular...); a uno le puede faltar una autorización, otros trabajan, además, con personal no formado ni acreditado, otros no cumplen la normativa urbanística más básica... Es un hecho que el intrusismo en ese mercado es una constante con la que nada parece ser capaz de acabar.
En el caso de Burgos, esta realidad se manifestó con toda su crudeza hace dos años. Se produjo una explosión en un taller ilegal ubicado en un bajo de la calle San Cristóbal y el responsable del mismo acabó en el HUBU, pero también un niño de corta edad. «Entonces se vio de forma clara cuáles son algunos de los riesgos, pero hay más», advierte Gabriel Martínez, secretario general de Adeabur, la patronal del sector de la venta y posventa en la provincia.
La actividad sumergida es un foco de fraude fiscal y movimiento de dinero negro que está al margen de toda suerte de control. Es también el ámbito en el que suelen confluir -aunque eso sucede en las grandes capitales más que en ciudades de pequeño y mediano tamaño- los robos de vehículos para piezas. Y, sobre todo, es «un riesgo importantísimo para la seguridad vial» porque «las reparaciones no cuentan con ningún tipo de garantía, no sabemos qué piezas se están utilizando ni quién trabaja en esos lugares».
La representación de los talleres legales invoca de forma particular ese argumento en las reuniones que ha mantenido en el último año para pedir a las administraciones no que aflojen en la persecución y cierre de los ‘piratas’. «Hace años toda la tramitación administrativa era más farragosa, pero las nuevas tecnologías lo han facilitado mucho. Además, el argumento de la subsistencia a la crisis ya no se sostiene. Por eso nos cuesta entender que no haya mayor contundencia administrativa para perseguir esta actividad», continúa Martínez.
Adeabur ya lanzó una campaña coordinada con las policías locales y con el Seprona de la Guardia Civil. En el caso de la capital, todas las ubicaciones que señalaron como posibles focos de actividad irregular se confirmaron como tales. Algunos habían dejado de trabajar, pero no hubo ningún paso en falso. Sin embargo, las denuncias formuladas derivan en cierres y sanciones, pero no en el cese de la actividad.
REINCIDENCIA. La patronal conoce casos en los que «la misma persona ha sido denunciada hasta cuatro veces, pero se declara insolvente para afrontar las sanciones y continúa ejerciendo en otro lugar diferente». Ocurre tanto en la capital como en la provincia y Adeabur vigila actualmente una docena de locales que está documentando -en sus denuncias suelen presentar todo tipo de pruebas- para entregárselo a la Guardia Civil o a la Policía Local. De ellos, «más de la mitad están en la capital, pero también tienen ‘expedientes’ abiertos en Aranda o Villarcayo, por citar ejemplos.
«Estamos seguros de que son más, pero vamos a por los casos sangrantes. Por ejemplo, tenemos un antiguo profesional del sector que se ha jubilado y ahora trabaja por su cuenta puerta con puerta con otros talleres que sí son legales. ¿De qué sirve que sus vecinos cumplan con toda la normativa de seguridad y antiincendios si él no lo hace?», remacha Martínez, quien asegura que, por haber, hay talleres que tienen pinchado el suministro eléctrico «en un domicilio particular».
La variable de la ecuación son los clientes, los ciudadanos que no tienen reparo en acudir a un local clandestino para ahorrar en el coste de reparación o mantenimiento de sus vehículos. Se irán de allí sin garantía alguna de la reparación y sin saber a ciencia cierta en qué estado se encuentra su vehículo. El problema es que no sólo juegan con su propia suerte.