El Ayuntamiento de Burgos debe hacer frente de forma inmediata al pago de 450.000 euros impuesto por un juez en concepto de fianza para asegurar las responsabilidades civiles por el fallecimiento de un trabajador del Semat atropellado en enero de 2021. Procedimiento judicial, que acaba de finalizar su  instrucción, por el que otro empleado del servicio de limpieza se enfrenta a cuatro años de prisión por lo que consideran las acusaciones un homicidio imprudente.

La obligación municipal de depositar los mencionados 450.000 euros deriva de un recurso presentado por el abogado de la acusación particular, quien instó a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Burgos a corregir el auto de apertura de juicio oral al no tenerse en cuenta que quien debía asumir la responsabilidad civil subsidiaria en caso de sentencia condenatoria sería el Consistorio capitalino. La jueza ha admitido dicha instancia. 

El Ayuntamiento debe ahora de prestar la fianza en el juzgado para asegurar las pertinentes responsabilidades que pudieran imponérsele. De no hacerlo, advierte el auto de la magistrada, «se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada». 

La empresa concesionaria del servicio municipal de limpieza, Semat, tenía suscrita una póliza de seguro. La compañía consignó unas cantidades de indemnización de unos 120.000 euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria por el atropello mortal a un trabajador en 2021. Eso quiere decir que será hasta ahí hasta donde llegará la aseguradora en caso de un fallo condenatorio, por lo que el Ayuntamiento deberá hacerse cargo de la parte restante. Si en última instancia un juez diera la razón a la acusación particular, debería pagar 330.000 euros que se detraerían de la fianza pagada. 

Instrucción 1 debe resolver ahora otro recurso presentado en este caso por la empresa Semat para que se retire el requerimiento de fianza al Ayuntamiento y se reclame a la aseguradora en base a otro seguro que tenían suscrito, en este caso de circulación, y que contempla un límite de 70 millones de euros, lo cual cubriría de sobra las posibles indemnizaciones. El letrado de la acusación particular se ha opuesto porque consideran que lo ocurrido no fue un accidente de tráfico, sino laboral, ya que tuvo lugar en una nave industrial. 

Los hechos enjuiciados se remontan al 18 de enero de 2021. Según el relato de ambas acusaciones, víctima y acusado debían llevar a cabo tareas de carga de sal en una zona de almacenamiento. Para tal fin, los operarios solían utilizar un tractor de la marca New Holland que en esos momentos se encontraba averiado y estaba siendo reparado por un mecánico. Es por eso que el procesado solicitó al encargado poder utilizar otro transporte más pequeño de la compañía Kubota. 

Al darse cuenta de que no tenía batería, intentaron arrancarlo con unas pinzas. La víctima se colocó en la parte delantera y el otro trabajador trató de arrancarlo sin darse cuenta de que estaba la marcha metida. En el intento de accionarlo,  el tractor se desplazó dos metros y atropelló a su compañero, de 62 años, quien falleció horas después  a consecuencia de un shock traumático.