Mostrar sensibilidad medioambiental y portarse como un buen ciudadano no siempre sale rentable. En el caso de Javier Guadilla y Yolanda Mediavilla, un matrimonio burgalés, más bien al contrario. Su historia, de tintes kafkianos, pone de manifiesto lo absurdo de algunas leyes y la poca flexibilidad de la Administración a la hora de interpretarlas. 

La pareja adquirió hace poco una casa en la calle Ramón Menéndez Pidal, un vial peatonal que conecta el Bulevar y San Pedro de Cardeña. Para ponerla a su gusto contrataron a una empresa de reformas que, como es preceptivo, colocó junto a la vivienda un contenedor de obra para depositar escombros.

Hasta ahí todo normal y todo correcto. Pero este martes pasado por la mañana los propietarios de la vivienda y los albañiles se percataron de que alguien había hecho uso del contenedor. Y no precisamente para verter cualquier residuo. Dejaron cerca de 200 kilos de placas de uralita, que contienen amianto, un material altamente peligroso que ha de ser manipulado por empresas autorizadas.

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