El proceso para implantar el programa del segundo curso del primer ciclo de Educación Infantil (de 1 a 2 años) va dando pasos desde que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunciara en septiembre la ampliación de la gratuidad a esta etapa tras haberse estrenado este curso la de 2 a 3 años. A mediados de enero terminó el plazo de presentación de solicitudes por parte de los centros privados, entidades locales y colegios interesados en ofertar ambos niveles, mientras que ayer se publicó la Orden que regula el proceso de admisión en las escuelas infantiles, que unificará un procedimiento que el pasado ejercicio se realizó por separado dependiendo de la titularidad de cada dotación.

La puesta en marcha de esta medida para el próximo curso genera distintas opiniones, no por la gratuidad en sí, en la que todos están de acuerdo, sino por la forma de gestionarlo. La Asociación de Centros Infantiles Privados de Castilla y León rechaza que vuelvan a incluirse estas nuevas aulas en los colegios al considerar que se trata de una etapa que corresponde a sus instalaciones por su experiencia y especialización. «No podemos vivir solo de los bebés de 0 a 1 año porque desapareceremos», critica Nuria Alonso, portavoz local de la entidad, quien teme que se repita la situación de este ejercicio con la etapa de 2 a 3 años. Esta tiene que ver, según asegura, con una bajada de la demanda, y con ello de la matrícula, en favor de la escuela pública, además de que el sector se ve también perjudicado por ratios más restrictivas que las anteriores, cuando el número de escolares por clase superaba la veintena.

Alonso avanza que todas las guarderías han solicitado incorporar esta oferta, al tiempo que pide a la Administración regional más agilidad en el cobro de las subvenciones que cubren dichas plazas dadas las consecuencias negativas que acarrea el adelanto de dichas cantidades. «Los ingresos deberían realizarse mensualmente», subraya Alonso, no sin antes criticar que tendrán que esperar a «abril o mayo» para recibir el segundo pago.

En lo que se refiere a la escuela pública, la implantación de este nuevo programa gratuito «preocupa» a los equipos directivos de los colegios, que aún no saben si el próximo curso ofertarán o no la etapa de 1 a 2 años. Sindicatos como Stecyl y ANPE defienden que estas aulas se incluyan en la pública, si bien critican la «forma de gestionarlo» de la Junta por cuanto «aún sigue habiendo problemas con las de 2 a 3 años», tal y como asegura Victoria Ibeas, responsable provincial de la primera central. En el mismo sentido se expresa María José Santamaría, de la segunda, quien hace referencia a cuestiones relacionadas con el equipamiento, la adecuación de espacios o la sustitución de los técnicos de Infantil que se ocupan de las clases.

Tanto Ibeas como Santamaría censuran esa falta de información a los responsables educativos por cuanto la oferta de dichas aulas conllevará en la mayoría de los casos obras de adecuación de las instalaciones. De hecho, la Junta de Personal, en la que están presentes todos los sindicatos, acordó la semana pasada solicitar una reunión con el director provincial de Educación, José Antonio Antón, a la mayor brevedad posible para reclamar datos respecto al momento en que se encuentra el proceso de implantación y a los criterios que está siguiendo la Junta a la hora de seleccionar los centros.