La responsable de una administración de loterías de la capital detectó un descuadre en la recaudación de la que se encargaba F.J.B., uno de los empleados. Cubría dos rutas, una hacia Soria y otra hacia Miranda, en las que cobraba a clientes, en su mayoría empresarios de hostelería, por los boletos que previamente habían adquirido para vender en sus negocios. Según su relato, tras comprobar el desfalco, que supera los 70.000 euros, le despidió y ahora le ha llevado a los tribunales. El juicio se celebrará mañana en la Audiencia Provincial y le pide 4 años de cárcel por apropiación indebida.

El asunto se remonta a 2017. La administradora de la lotera observó falta de liquidez del negocio, tal y como recoge el escrito de la acusación particular. Después de llevar a cabo una exhaustiva revisión de las rutas desde el inicio de 2017 hasta mayo, concluyó que en dos de ellas, atribuidas a F.J.B., faltaban por cobrar 7.210 euros, siempre con respecto a dos clientes, un mesón de la carretera de Soria y una cafetería de Miranda de Ebro. 

La dueña de la administración de loterías le pidió explicaciones sobre este descuadre y, al no dárselas, decidió darle unas vacaciones en lo que esclarecían el asunto. Durante ese periodo, llevó a cabo una investigación y comprobó que en tres años pudo sustraer algo más de 70.000 euros (24.500 en 2015, 38.500 en 2016 y los 7.210 de 2017). Es por eso que, finalmente, decidió despedirle. No obstante, según defiende, en unas conversaciones telefónicas el acusado llegó a comprometerse a devolver el dinero si no perdía su puesto de trabajo. Sin embargo, nunca llegó a firmar ningún documento de reconocimiento de deuda. 

F.J.B. denunció a la administración de loterías por despido improcedente. Ahora, su defensa no solo se muestra disconforme con la petición de la pena de cuatro años de cárcel y también con la devolución de los más de 70.000 euros que solicita la acusación particular, sino con todo el relato que ofrece en su escrito. 

El letrado asegura que el motivo del despido siempre fueron los 7.210 euros y nunca se le informó de que el descuadre ascendiera a las cantidades mencionadas durante 3 años. Además, niega que su cliente tuviera acceso directo al dinero de la recaudación porque nunca firmaba ni comprobaba el contenido de los maletines. Al igual que la Fiscalía, que pide el sobreseimiento, considera que las pruebas aportadas son insuficientes.