La factura del paro en la provincia, es decir, lo que se abona cada mes en prestaciones contributivas, subsidios de desempleo, renta activa de inserción y por ERTE, ha vuelto a los niveles previos de la pandemia y se da por superado -a la espera del impacto económico que pueda causar la guerra en Ucrania- el periodo de dos años en el que se han batido todos los récords de gasto en este capítulo. El pasado mes de enero -último dato hecho público- se abonaron un total de 12,6 millones de euros a 11.636 desempleados burgaleses, muy lejos de los 41 millones que se desembolsaron en mayo de 2020, cuando 30.000 trabajadores burgaleses tuvieron derecho a estos ingresos públicos.

Mayo de 2020 marca el récord de gasto en prestaciones de los últimos doce años en Burgos, un periodo en el que el mercado laboral local fue muy convulso, pues afrontó el impacto de dos recesiones económicas sucesivas (entre 2010 y 2013) y la mencionada crisis pandémica (2020-2021). Así, habría que remontarse a finales de 2012 y principios de 2013 para tener facturas mensuales por encima de los 20 millones de euros, que son la mitad de cuantía de las que provocó el momento álgido del estado de alarma sanitario.

En 2020, el Estado abonó 244,1 millones de euros en prestaciones por desempleo en Burgos, superando los 235,3 millones que pagó en 2012, en plena crisis de las hipotecas, según los datos históricos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Si a 2020 se suma el año 2021, se concluye que el paro durante los dos años de pandemia vividos ha supuesto un gasto de 414 millones de euros al Estado, a razón de 570.000 euros diarios en una provincia como Burgos.

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