Llevaba lustros exigiendo la ampliación de la sede del Instituto de Medicina Legal, que da cobertura a las provincias de Burgos, Soria, Ávila y Segovia. Y por fin el año pasado los forenses estrenaron nuevas instalaciones, en las que se corrige un déficit histórico, la inexistencia de salas adecuadas para la exploración de menores de edad, que antes podían cruzarse con detenidos engrilletados que acudían al servicio para someterse a distintas pericias. Amador Martínez Tejedor está satisfecho con el resultado de las obras, pero no tanto con la dotación de personal, pues el Ministerio de Justicia debe poner en marcha un otro equipo de psicólogo y trabajador social para el segundo juzgado de la familia, según subraya el entrevistado.

Recientemente han estrenado nuevas instalaciones. ¿En qué medida les facilita el trabajo esta ampliación?
Llevamos un año con ellas y ha facilitado mucho el trabajo en la atención a menores. La sala amigable propicia una atención más adecuada a menores que vienen por la separación de sus padres, víctimas de agresiones sexuales, etc. Siempre es una situación tensa y compleja que se gestiona mejor en un lugar adecuado, luminoso, con sala de espera específica, con decoración infantil. Todo esto atenúa su victimización. El sistema de grabación de la Cámara de Gessel permite la comunicación directa con los juzgados de la capital y de toda la provincia, para que puedan atender a las exploraciones los jueces, los fiscales y los letrados de la Administración de Justicia desde donde se ha producido la denuncia. En resumen, son espacios más adecuados para los menores y para las familias. Y también se han mejorado las condiciones de los profesionales, con despachos amplios, luminosos y modernos. También ha permitido la integración de los equipos que dan servicio a los juzgados de familia y el que da servicio al de violencia de género, lo cual facilita el trabajo.

Necesitaban espacio y lo tienen. ¿Echan de menos más personal?
Llevamos años pidiendo, y no se ha producido, el aumento de los equipos de psicólogo y trabajador social, sobre todo porque el año pasado entró en funcionamiento el segundo juzgado de familia, que debía haber sido acompañado de otro equipo técnico. Los asuntos de familia se resuelven con más rapidez, porque hay dos juzgados, pero solo hay un equipo psicosocial. Sí se han integrado los dos equipos de Menores, aunque uno de ellos carece de trabajador social. Pero éstos dedican todo su tiempo al juzgado y a la fiscalía de Menores. De hecho, su lugar de trabajo es el juzgado de Menores. Es imprescindible un nuevo equipo de psicólogo y trabajador social. En cuanto a los forenses, tenemos la misma plantilla desde 2005 y ahora mismo está bien cubierta, solo con dos interinos de diez personas. Además, estamos muy ilusionados porque este ha sido el primero año que contamos con un médico forense MIR. Es uno de los ocho que han iniciado su formación en la especialidad de medicina legal en toda España.

Amador Martínez Tejedor, director del Instituto de Medicina Legal. - Foto: Valdivielso

La pandemia de la covid ha dado tregua, pero la mortalidad es sensiblemente superior a la de 2019. ¿A qué se debe? ¿Es por la enfermedad o por los efectos que ha causado en personas que se han recuperado?
El número de autopsias se está incrementando de una manera apreciable. Llevamos 288 y llegaremos a las 300 a final de este año probablemente. Es el año, desde que tenemos registros, con mayor número de autopsias. En ejercicios anteriores la cifra estaba en torno a las 250 autopsias. El mayor porcentaje de ellas es sobre muertes que acaban calificándose como muertes naturales, y es en ellas en las que se ha producido este año ese incremento notable. No ha habido aumentos en muertes homicidas; quizá algo en fallecimientos por caídas y por accidentes de tráfico; tampoco ha habido más suicidios. Tras los 41 del año pasado (11 por cada 100.000 habitantes), en el que sí se produjo un repunte, en este estamos en las cifras habituales, (9,3 por cada 100.000).

Necesitamos un psicólogo y un trabajador social con el nuevo juzgado de familia»

¿A qué se debe que les requieran más a los forenses para que hagan autopsias?
Somos de las provincias con mayor número de muertes naturales que se judicializan. Quizá es por la estructura de la población, con personas muy mayores que mueren solas y nadie ha presenciado el óbito. Esta circunstancia introduce cierta dificultad en la tarea de los médicos asistenciales a la hora certificar la causa de la muerte. Pero creo que podemos avanzar en los criterios que los médicos utilizan en esas certificaciones. No tiene sentido judicializar una muerte si hay una larga historia de patologías graves o una salida del hospital de hace unas semanas y siempre que el médico descarte la presencia de lesiones físicas o cualquier indicio de muerte violenta, en cuyo caso sí deben poner el fallecimiento en conocimiento del juzgado de guardia. También es cierto que los médicos asistenciales tienen mucha sobrecarga de trabajo.

¿Pero ese aumento de unas 50 autopsias es en personas jóvenes que hayan podido morir, quizá, por secuelas de la covid o por enfermedades no diagnosticadas a tiempo por la sobrecarga de trabajo en pandemia?
Puede ser que haya habido muertes súbitas de personas jóvenes. Cuando tengamos mayor proyección temporal, más años de análisis, quizá podamos decir que se produjo por patologías que habían avanzado mucho y no se diagnosticaron o tratado por la sobrecarga de los años 2020 y 2021. Puede que esto tenga algo que ver pero no lo podemos asegurar totalmente. No sería prudente solo con un año de incremento. No se pueden sacar conclusiones precipitadas, pero es verdad que se ha producido un aumento general de la tasa de mortalidad. Y eso indica algo, independientemente de que tenga o no que ver con la covid.

¿Qué indica, a su juicio?
Hay muchas personas, ancianas o no, que tienen miedo de salir a la calle e incluso de acudir al centro de salud o de pedir revisiones médicas. Y a lo mejor esto ha propiciado el avance de patologías que en otro contexto quizás se habrían atendido de otra forma. Alguna explicación ha de haber.

El jefe provincial de Tráfico afirmaba estos días que le alarma la presencia de ansiolíticos y psicofármacos en conductores. ¿Ustedes han apreciado ese aumento en las autopsias a conductores fallecidos? ¿También de alcohol y otras drogas?
Desconozco los datos que maneja Tráfico sobre sus pruebas, pero no es lo mismo tomar psicofármacos por prescripción facultativa que hacerlo uno mismo por su cuenta y riesgo y con una dosis cualquiera. En cuanto a nuestros datos en autopsias, los resultados tardan en llegar y hasta entrado el año que viene no tendremos información definitiva. Es verdad que la prescripción de psicofármacos ha aumentado, que en España se consumen muchos ansiolíticos e hipnóticos. Pero tenemos que tener datos estadísticamente válidos para poder hacer comparaciones.

La atención a los menores es mucho mejor en las nuevas instalaciones»

¿Está de acuerdo en que tras la pandemia muchos ciudadanos, o una parte de ellos, se han descontrolado? ¿Lo han notado en su trabajo?
Hemos tenido más fallecidos en accidentes de circulación, un significativo ascenso tras una tendencia de descenso progresivo. Es verdad que se nota más irascibilidad en la gente, las personas van muy apresuradas y en la vía pública los conductores circulan más deprisa. Después de la contención de la pandemia hay prisas no sé muy bien por qué y esto está generando más accidentes de circulación. Es de conocimiento general que está prohibido conducir bajo los efectos del alcohol y de las drogas. Mi apreciación es que hay una cierta relajación en el cumplimiento de las normas. 

¿Han tenido que llevar a cabo más exámenes a víctimas de lesiones?
A falta de datos definitivos es posible que se haya producido un incremento de personas lesionadas por agresiones, dentro de ese contexto en el que una parte de la ciudadanía está mostrando escasa capacidad de contención. También de casos de atentados a la autoridad. 

Este año, además, se han producido dos homicidios en la capital, tras años de relativa tranquilidad. ¿Le preocupa que se produzca una escalada de violencia?
Felizmente no hemos llegado a tasas de homicidio desconocidas en Burgos. Ha habido años con cero homicidios, pero también con dos, tres o incluso cuatro. Siempre es dramático, pero en el análisis estadístico no veo un incremento significativo. Otra cosa es que se haya incrementado el número de lesiones en agresión, que no han terminado en fallecimiento. 

¿Qué papel juegan el alcohol y las drogas en ese aumento de la violencia?
O bien son deshinibidores de la conducta o bien provocan cuadros psiquiátricos graves inducidos por sustancias. Son factores criminógenos de primer nivel. El alcohol, en primer lugar. Si se suman estimulantes, como la cocaína, es un cóctel muy peligroso, porque se puede alterar la conducta, aunque  con conciencia de que la persona está realizando una acción antijurídica. Todo lo que sea reducir su consumo es un mecanismo de prevención de accidentes, de agresiones, de peleas, etc. Hay gente que considera que muchas sustancias son inocuas, como el hachís, cuyo consumo es frecuente en gente joven. Muchos no tienen conciencia de cómo les afecta a su conducta, de cómo les detrae parte de su salario. La adicción lleva luego a muchas personas a trapichear, a traficar o a cometer delitos contra la propiedad para conseguir dinero para el consumo. Ese es el camino casi ineludible.

El auge de muertes y autopsias este año quizá tenga que ver con patologías no diagnosticadas por  la sobrecarga de la pandemia; pero es pronto para decirlo»

¿Tienen casos de sobredosis?
Pues está habiendo fallecidos por sobredosis. No tenemos la incidencia de los años 80 y 90 por los opiáceos pero seguimos teniendo muertes que ahora denominamos reacción adversa a sustancias. 

Antes aludía a los suicidios. Tras el repunte del año pasado en este se ha vuelto a cifras anteriores. ¿A qué atribuye el aumento de 2021?
Fue notable porque se llegó a una tasa de 11 por 100.000 habitantes, frente al 9,4 de los años precedentes. Fue un aumento significativo y doloroso. Pero en este 2022 se ha vuelto a las cifras anteriores. Ahora mismo se está desarrollando el plan de prevención de conductas suicidas de Castilla y León. La realidad la conocemos bien en el Instituto de Medicina Legal, pues es el que aporta los datos. También hay que saber los casos de intentos de suicidio, que multiplican por 20 el número de suicidios y que han de registrar los servicios de salud por hospitalizaciones, pero también en atención primaria. Hay que analizar las causas en comunión con la Unidad de Atención a la Conducta Suicidio del Servicio de Psiquiatría de Burgos. La sensibilización social también es importante para romper con el tabú de no informar.

¿Es partidario de que los medios informen de los casos concretos de suicidio?
Hay que ser muy prudentes en esto. Informar sobre los suicidios, sin señalar el mecanismo, es necesario siempre que se acompañen las noticias con los recursos que existen de atención a los familiares y las personas que tienen una patología o que han intentado suicidarse. No viene mal visibilizar esta realidad para dar a conocer los servicios de prevención que existen, con el fin de que a ellos se dirijan familiares o amigos que tengan sospechas de que un allegado sufre riesgo de suicidio y que éste pueda ser tratado a tiempo.

¿Usted apuesta por dar la noticia del hecho acompañado por los recursos de prevención?
Yo no entraría en el mecanismo pero sí en que se ha producido un suicidio, evitando todo sensacionalismo y dándolo con mucha cautela. ¿Cómo me gustaría a mí que informaran los periodistas si un familiar mío falleciera de esta manera? Creo que se puede y debe dar la información, acompañada con los recursos de prevención existentes, etc.

Soy partidario de publicar los casos de suicidio, sin decir el mecanismo y acompañado por los recursos de prevención existentes» 

Lo que plantea es una revolución, porque los medios no publican suicidios.
Estamos ahora mismo en esa tesitura. El plan de prevención de Castilla y León contempla un abordaje  interdisciplinar, dentro del cual hay un grupo de estudio que debe determinar qué se debe y no hacer. Todavía no hay un consenso definitivo. El que te comento es mi criterio, pero habría que conjuntarlo con el de los médicos, trabajadores sociales, ámbito educativo, etc, a fin de ponderar de qué debemos informar y hasta dónde. Yo soy partidario de suprimir el tabú, por que dificulta pedir ayuda a las posibles víctimas. Y a los familiares les niega la posibilidad de buscar apoyo. Dando la información la gente sabe que detrás hay recursos a los que acudir, como los teléfonos de atención, como el que hay a nivel nacional, que luego deben dirigirlos a los recursos de salud de su provincia. La clave es propiciar la conexión con el sistema asistencial, aunque hay que ver si el sistema tiene capacidad para asumir este tipo de situaciones. También hay que desterrar tópicos, como el de que quien anuncia que se va a suicidar no lo hace. Pues en ciertas ocasiones hay personas que las verbalizan, nadie piensa que las van a ejecutar, y con cierta frecuencia van seguidas de suicidios consumados. 

¿Considera que la violencia de género, como pretenden algunos partidos como Vox, debe tener el mismo tratamiento que la violencia doméstica?
Desde 2004, con la ley integral, la violencia de género se trata desde el punto de vista pericial con un abordaje multidisciplinar que llevan a cabo un forense, un psicólogo y un trabajador social. El objetivo es detectar las alteraciones de la víctima y del autor y las situaciones de relación disfuncional y violenta para informar a los jueces y fiscales de la realidad. Siempre hay que responder a las mismas preguntas: si hay violencia física, tanto con lesiones visibles como no visibles, y si hay violencia psicológica (minusvaloración, humillación, desprecio, sometimiento, control). Todo esto se lo proporcionamos al juez, construimos una prueba con los elementos que tenemos. Nosotros evaluamos conforme a esta ley, sobre otras cuestiones no entramos. A mí, particularmente, me parece que la violencia sexual ha de estar incluida en la violencia de género, porque la mayor parte de las veces las ejercen hombres sobre mujeres. Y luego está el tema de la prostitución, que daría para una consideración adicional, pues se trata de una relación violenta, no física - probablemente- pero sí de denigración y de pisoteo de la dignidad de la persona.

¿Usted prohibiría la prostitución?
No estoy en condiciones de prohibir nada, pero me parece que se trata de una conducta contraria a la dignidad de la persona. Debería estar proscrita. ¿Debería estar prohibida desde un punto de vista de política criminal? Es un debate que todos los países llevan abordando desde hace siglos.  Habría que avanzar en sensibilizar a la gente, para que nadie fuera capaz de utilizar a otra persona para su propia satisfacción. La cuestión es compleja porque no se ha llegado a un consenso. Me parecería un avance prohibirla. ¿Pero qué hacemos con las infracciones? 

Los delitos sexuales siguen en aumento. ¿Es porque hay más o porque se denuncia más al haber una mayor sensibilización de las mujeres?
Yo creo que se ha producido un incremento, al margen de que se denuncie más. Vemos cada vez con más frecuencia a mujeres que acuden a Urgencias refiriendo que no saben muy bien qué ha pasado, que creen que algo sexual ha ocurrido, no han denunciado todavía (es mejor que antes de hacerlo vayan a Urgencias). En ocasiones han consumido alcohol y alguien se ha aprovechado de esa circunstancia para tener relaciones. No hay violencia ni intimidación, pero hay una relación sexual que, si se ha producido en un estado de intoxicación, puede no haber habido consentimiento o que éste esté viciado. Desde el punto de vista pericial es uno de los asuntos más complejos que tenemos que abordar, si hubo libertad de determinación a la hora de acceder a la relación o no. Y otra cuestión, ¿si es una menor de 16 años, que es la edad legal de consentimiento? No hay capacidad de consentimiento antes de los 16 años, con las excepciones que marca la ley sobre proximidad de edad.

Me parecería un avance prohibir la prostitución; es es una conducta contraria a la dignidad de la persona»

¿Es partidario de rebajar la edad de consentimiento sexual?
Es necesaria una madurez psicofísica y emocional para consentir una relación sexual, que tiene mucha trascendencia en la vida de un o de una joven. En mi opinión, la edad de 16 años está muy bien establecida, a pesar de que es discutida.

¿La Ley del 'sí es sí' protege más a las mujeres víctimas de violencia sexual?
Nosotros seguimos reconociendo a las víctimas en los servicios de urgencias. Nuestra conducta sigue siendo la misma, profundizando en el tema del consentimiento. Con la nueva ley, incluso sin denuncia, debemos realizar un reconocimiento pericial como si fuera a haber denuncia. Otra cosa es lo que suceda con los datos y muestras de la exploración, porque si no hay diligencias judiciales tenemos que dejar en custodia las muestras. Puede que en un principio la víctima no denuncie pero al cabo de los días sí lo haga. Siempre hemos dicho que lo adecuado es que la mujer sea reconocida antes de presentar denuncia. Y luego se le ofrece la posibilidad, incluso se le acompaña, a presentar denuncia a la Comisaría o a la Guardia Civil.