Al Ayuntamiento de Burgos le ha surgido un problema que no se esperaba. O no tanto, al menos. Ya se temía, porque había una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que podría encarecerse la expropiación de unos terrenos en Gamonal situados en las traseras del Juan de Vallejo y cuya ubicación ha sido elegida para emplazar una central de recogida de neumática de residuos. Pero una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha venido a confirmar los peores presagios.

La operación le va a costar a las arcas públicas 9 millones de euros cuando los primeros cálculos del PGOU estimaban alrededor de 1,4 y cuando los técnicos municipales habían acabado valorándolo en poco más de 2,3. Este periódico lo contó el jueves pasado y el asunto, pese a la cantidad de la que hablamos, ha sido tratado por los responsables municipales como si no tuviera importancia. Son las ventajas de una administración que hoy en día dispone de liquidez, al contrario de épocas pasadas cuando la misma situación habría sido un drama. Lo malo es que la ciudad puede enfrentarse a lo largo de los próximos años a unos cuantos casos de expropiaciones que multipliquen el quebradero de cabeza.

El Plan General de Ordenación Urbana aprobado en el año 2014 incluye 40 casos de las denominadas «actuaciones aisladas de expropiación», una figura que le permite a la administración ejecutar sistemas generales viarios, parques, dotaciones públicas, nuevas calles o incluso permite obligar a los propietarios del suelo a cumplir sus deberes urbanísticos (...).

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