El proyecto 'Burgos Central' se chocará de bruces con la realidad el próximo 1 de enero. La Ley de Cambio Climático fija esa fecha como límite para que los 149 municipios españoles de más de 50.000 habitantes cuenten para entonces con una Zona de Bajas Emisiones operativa, pero la capital castellana no llegará a tiempo a este objetivo.

El equipo de Gobierno trabaja desde hace dos años en una estrategia que no ha avanzado al ritmo marcado desde Madrid. La futura ordenanza aún está lejos de concretar todos los detalles y los trabajos técnicos se centran ahora en el desarrollo del soporte informático antes de la instalación de los elementos físicos en la vía pública.

Ciudades como Santander o Torrelavega ya han confirmado que tampoco estarán preparadas para disponer de sus Zonas de Bajas Emisiones dentro de un mes. Burgos también se encuentra en una lista que sumará más nombres propios en las próximas semanas.

Los ayuntamientos ya preveían esta situación en los últimos meses. Incluso, la Federación Española de Municipios y Provincias pidió al Gobierno el pasado verano una moratoria de la entrada en vigor de esta normativa hasta el año 2024. 

'Burgos Central' se encuentra a la espera de que estas alegaciones lleguen a buen puerto. Mientras, avanza a su ritmo. «El 1 de enero no llegaremos, como les pasará a muchos ayuntamientos», admite el concejal Adolfo Díez.

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