Tras conocer el elevado presupuesto, el alcalde, Daniel de la Rosa, se puso en contacto con los portavoces de todos los grupos políticos vía correo electrónico para trasladarles el contratiempo y pedir su apoyo a una declaración de intenciones en el Pleno que se celebra hoy para lograr una aportación mayor y sacar las obras a concurso. El portavoz del PP, Javier Lacalle, no salió de su asombro al conocer el sobrecoste del proyecto no solo por el fondo sino también por las formas. "El equipo de Gobierno tiene el proyecto desde hace un mes y no nos había dicho nada ni se ha estudiado en el consejo de la Gerencia de Fomento y menos se ha aprobado y quiere que apoyemos destinar más dinero. Es increíble", señaló Lacalle.

En su opinión, el equipo de Gobierno tenía que haber supervisado el proyecto e indicado a la empresa que lo debía adaptar al presupuesto acordado en su día por el PP y el PSOE. "El coste es inasumible, máxime cuando ni nos han explicado las razones ni ningún detalle del mismo. El lunes nos reunimos en la Junta de Portavoces y el alcalde no nos dijo nada y el martes nos envía un correo electrónico para que hagamos un acto de fe".

La redacción del proyecto se adjudicó a Servicios de Arquitectura, Construcción, Ingeniería e Inspección por 60.000 euros. El contrato se firmó en febrero y la empresa disponía de 6 meses para entregar el documento. Posteriormente, son los servicios técnicos municipales los que deben supervisarlo y aprobarlo en el consejo de la Gerencia de Fomento.

El hecho de que todavía no se hayan redactado los pliegos de condiciones para sacar el concurso hace que esta actuación se tenga que dejar para 2020, dado que es necesario adjudicar la obra antes del 31 de diciembre de este año o se perderá el dinero. 

CUMPLIR LA SENTENCIA

El Ayuntamiento está obligado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que confirmó otra del Tribunal Contencioso Administrativo, a arreglar la plaza de Santiago, así como las humedades que se generan en el aparcamiento subterráneo con 244 plazas. La administración local ignoró durante años las reclamaciones de los vecinos frente a la defectuosa ejecución de las obras en la superficie por parte de Ferrovial en 2006, que los fallos judiciales vinieron a confirmar.

Una vez que las sentencias fueron firmes, el Ayuntamiento encargó el proyecto de reforma y consignó el dinero necesario para ello.