Al borde del precipicio de los dos dígitos y sin atisbo de mejora, el dato de IPC de marzo conocido ayer supone un jarro de agua fría para la recuperación económica de España y un sopapo de realidad para el Gobierno de Pedro Sánchez. El encarecimiento del coste de la vida que se alarga desde el pasado verano cada vez golpea con más dureza el bolsillo de los españoles. El 'shock' energético provocado por la guerra en Ucrania ha acabado por ponernos ante una situación límite y ya ni el propio presidente puede ocultar que vivimos momentos en los que nos jugamos el estado del bienestar. Una inflación tan descarrilada y sostenida devalúa los salarios, empobrece a todos los españoles sin excepción, frena el crecimiento y dibuja en el horizonte la amenaza de la estanflación y el aumento del paro.
El pésimo dato se conoce un día después de la aprobación del plan del bipartito que, precisamente, busca contener los precios durante los próximos meses y que, incluso antes de nacer, se intuye insuficiente para contrarrestar el daño que puede llegar a infligir una inflación sin freno. Puede ser un torniquete para cortar la hemorragia y puede servir para aliviar durante unas semanas el sufrimiento causado por la crisis energética, pero no para eliminar sus causas y sí para engordar nuestra deuda. Entre las medidas, hay algunas que no auguran buenos resultados vista la reacción de los sectores afectados y de los empresarios, con los que no se ha contado. El presidente del Gobierno vuelve a despreciar la importancia de las formas mientras pide unidad desde la tribuna del Congreso. Obviar a los agentes sociales y a los partidos de la oposición de las soluciones al tremendo reto que afrontamos no parece el mejor camino. Tampoco, desde luego, incumplir la promesa de una bajada de impuestos hecha ante los presidentes autonómicos reunidos en la cumbre de La Palma. Si de verdad Sánchez busca el respaldo del nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo, como deslizan desde Moncloa, se antoja inexorable que empiece a remangarse. A pocos puede extrañar que la portavoz del PP despreciase ayer con vehemencia el decreto de medidas que debe convalidarse en un mes.
Con todo, no parece momento para poner palos en las ruedas. Estamos ante un problema de Estado que requiere soluciones y comportamientos a la altura. Y aunque las medidas que están ahora sobre la mesa puedan parecer insuficientes, intervencionistas o inapropiadas, contemplan a una amplia parte de la población a la que nadie puede ni debe dar la espalda. Hay margen de maniobra para pactar o al menos para intentarlo. La oposición debe tratar de proponer e imponer correcciones y el presidente del Gobierno escuchar, ceder y entender que aquí no le servirá con hacer creer que se levanta y se va. Sería un disparate imperdonable que ni unos ni otros asumiesen que la economía y el estado de ánimo de los españoles no están ahora para estériles disputas.