Por dos veces, primero en octubre y después el pasado 30 de noviembre, el Gobierno ha contestado a los senadores del Partido Popular por Burgos, Cristina Ayala y Javier Lacalle, que tras la entrada en vigor de la modificación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el verano de 2021, «las obras de interés general que realiza Enresa no están sujetas a previa licencia ni al impuesto ICIO» -sobre Construcciones, Instalaciones y Obras-. Eso incluye, como indica el Gobierno, «las obras de construcción, ampliación, reparación... desmantelamiento o cualesquiera» que realice la empresa pública en las centrales nucleares, incluida Santa María de Garoña, y significa que el Ayuntamiento tobalinés podría perder la oportunidad de ingresar millones de euros en los próximos diez años. 

Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Enresa quieren compensar esta pérdida de ingresos por otras vías. La intención, como han explicado a DB desde la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (Amac), es compensar las licencias de obras mediante la firma de convenios con el Ayuntamiento del Valle de Tobalina, al que se darían aportaciones económicas para proyectos de desarrollo por el mismo valor del 4% del coste de cada una de las obras de desmantelamiento que se vayan ejecutando en Garoña, es decir, el equivalente a lo que cobraría por el  impuesto.

Los proyectos que el Gobierno está dispuesto a cofinanciar vía convenios deben «promover el desarrollo socioeconómico o ambiental, la generación de empleo, la actividad económica en sectores vinculados a la transición ecológica, la creación de tejido empresarial local o la lucha contra el reto demográfico mediante la fijación de población».

El Partido de la Sierra en Tobalina cofinanció el hotel de Ranera con ayuda de Enresa. - Foto: A.C.

En la respuesta a los senadores populares se indica que Ministerio y Enresa «están trabajando» en una modificación de la Orden de 2015 que regula las asignaciones a municipios del entorno de las centrales nucleares. Esta modificación permitiría la firma de convenios y otras mejoras. Desde 1990, los 28 municipios del área de Garoña han venido recibiendo compensaciones por su cercanía a los residuos nucleares que han sumado un total de 73,8 millones de euros. En 2022, percibieron 2.479.615 euros. Las cantidades anuales oscilan entre los 450.000 euros del Valle de Tobalina; los casi 350.000, del Valle de Valdegobia (Álava); los más de 200.000, del Partido de la Sierra en Tobalina y Frías; los casi 180.000, de San Zadornil; los más de 150.000 que percibe Oña;o los casi 130.000, de Bozoo, siendo estos los municipios más beneficiados.

Además, la orden de 2015 habilitó nuevas asignaciones para estos municipios del área de 10 kilómetros alrededor de Garoña con el fin de cofinanciar proyectos de desarrollo creadores de empleo -tabla anexa-. Hasta ahora cada municipio, siempre que la solicitara y cumpliera las bases, tenía garantizada cada año una ayuda del Ministerio (antes de Industria y ahora de Transición Ecológica) equivalente al 25% de  las compensaciones por residuos. Como ejemplo, en el caso del Valle de Tobalina asciende a 111.900 euros anuales y a esta cantidad, el Consistorio ha de aportar otra igual que cubra el 50% del coste de su proyecto.

El borrador del acuerdo para modificar la Orden de 2015 elevaría este porcentaje del 25 al 50 durante tres años para los municipios, que tengan la central nuclear parada o en desmantelamiento, como Garoña, y, del 25 al 30 para todos y sin fecha límite. Así, Tobalina podría percibir ayudas de 223.800 euros anuales (50%) durante tres ejercicios y de 134.300 (30%) euros en años posteriores. Junto a ello mantendría los casi 450.000 euros fijos por la cercanía a los residuos.

Enresa ayudó a San Zadornil a equipar la cafetería de la Casa del Parque natural. - Foto: A.C.

Pese a todo, desde Amac afirman que pelearán en los tribunales por cobrar el ICIO. Se muestran convencidos de que lograrán su objetivo, porque aunque los ayuntamientos no tienen que dar licencia a las obras de desmantelamiento, por haber sido declaradas de interés general, si deberán de emitir informes que indiquen si se adecuan a las normas urbanísticas municipales. Este avance logrado por Amac para que los ayuntamientos puedan participar y contar con información sobre el desmantelamiento de las nucleares, podría ser clave para cobrar el ICIO.

Apuestan por el turismo. La mayoría de los ayuntamientos que optan a las ayudas al desarrollo de Enresa y el Ministerio se han decantado casi siempre por proyectos turísticos para generar empleo. No obstante, muchos nunca las solicitan por la pequeña cantidad que les corresponde o por no contar con el otro 50% para cofinanciar los proyectos. El Valle de Tobalina ha cofinanciado este año el pabellón multiusos y con la ayuda de 2023 ejecutará dos naves nido más en el polígono para su alquiler. El Partido de la Sierra en Tobalina ejecutará una casa de turismo rural en Valderrama con las ayudas de 2022 y 2023. Mientras, San Zadornil cofinanció el equipamiento de la cafetería de la casa del parque en 2021 y este año placas solares en el mismo edificio. Otros, como Oña este año ha apostado por reformar el antiguo matadero para naves nido o microempresas. Los otros beneficiarios en 2022 han sido Lantarón y Valdegobia (Álava).